Exejecutivos de Fox responden en un tribunal de EEUU por el escándalo "FIFAGate"

Dos antiguos ejecutivos del conglomerado estadounidense 21 Century Fox y una empresa uruguaya de márketing deportivo responden a partir de este martes en un tribunal federal de Nueva York por su implicación en el escándalo de corrupción de la Federación de Fútbol Internacional (FIFA).

El mexicano Carlos Martínez y el argentino Hernán López, que trabajaban en el negocio de la Fox en Latinoamérica, y la agencia Full Play, están acusados de numerosos cargos de corrupción, fraude y blanqueo de dinero en un proceso que se inició este martes una vez terminada la selección de un jurado.

Este juicio es uno de los últimos coletazos del conocido como "FIFAGate", que estalló en 2015 y causó una grave crisis en el fútbol mundial al implicar a más de cuarenta altos cargos, sobre todo de las federaciones de CONCACAF (Norteamérica, Centroamérica y Caribe) y CONMEBOL (Suramérica).

El Gobierno de EE.UU. llevó el "FIFAGate" a juicio en 2017 y hasta la fecha casi una treintena de personas y cuatro empresas se han declarado culpables, mientras que las condenas más visibles son las de dos exdirectivos de fútbol, el paraguayo Juan Ángel Napout y el brasileño José María Marín.

Pero en 2020, el Departamento de Justicia incluyó en el caso nuevos cargos contra Martínez y López y Full Play Group, acusados de pagar sobornos a directivos de federaciones latinoamericanas para lograr lucrativos derechos de retransmisión en la Copa Libertadores, entre otros eventos.

El juicio contra Martínez y López ha despertado especial interés en EE.UU. porque puede arrojar luz sobre cuánto sabía la Fox -que vendió su unidad de 21 Century Fox en 2019- sobre las dudosas prácticas de sus ejecutivos para mejorar su posición internacional.

En el caso está también implicado el español Gerard Romy, vinculado a la empresa Imagina Media, de la que era copresidente y accionista, pero que no ha comparecido ante la Justicia de EE.UU.

Martínez y López, que se declararon no culpables en 2020, se enfrentan a penas de hasta 20 años de cárcel.