CPDH denuncia “cobros arbitrarios” en facturación eléctrica de DISNORTE-DISSUR
La Comisión Permanente de Derechos Humanos CPDH denunció a la empresa distribuidora de energia “Disnorte-Dissur” por “cobros arbitrarios” en la facturación de la energía eléctrica, de los cuales la población en general es víctima, asegura el organismo.
Marcos Carmona, Representante de CPDH informó que existen miles de reclamos en contra de la empresa distribuidora, la cual no hace nada para revisar el fraude eléctrico. “Decimos fraude porque se han hecho evaluaciones técnicas donde se ha demostrado que los medidores están alterando los consumo en kilowatts para facturar el incremento, el cual sentimos es un asalto a la población, sentimos que están metiendo las manos en nuestros bolsillos”, manifestó Carmona.
Carmona explicó que en el mes de abril llegó una facturación por C$ 21,000 córdobas, pese a que por tres semanas no llegaron a las oficinas para evitar el contagio del COVID-19. En un mes normal trabajando a toda capacidad y con las medidas de ahorro facturan 23 mil córdobas. A pesar que el recibo del mes de abril llegó por 21 mil córdobas, Carmona sostiene que la disminución es “insuficiente” debido a que solo llegaron una semana en el mes facturado, “lo extraño es que tenemos tres semanas que no estuvimos laborando en la oficina de tal manera que no me posible que esté facturando casi el mismo costo”.
Otro ejemplo de los “cobros exagerados” es que en el mes de mayo, pese a mantener cerradas las oficinas el recibo de la luz eléctrica llegó por 28 mil córdobas. “Esto es una estafa, esta empresa no puede seguir ultrajando a los nicaragüenses y realmente nosotros vamos a demostrarle a través de peritaje que definitivamente está alterando, a través de estos cobros irracionales y arbitrarios, que les hace a toda la población en general” refirió Carmona.
La CPDH trabajará junto al Centro Jurídico de Ayuda al Consumidor para recepcionar las denuncias de la población y realizar los reclamos pertinentes ante las instituciones competentes.
Juan Carlos López del Centro Jurídico de Ayuda al Consumidor explicó que para iniciar un proceso administrativo la población tiene que enviar copia de su cédula de identidad, copia de las facturas y un resumen con la información de los daños que le está ocasionando la empresa distribuidora. “Aquí no sólo se está aprovechando DISNORTE, sino el Estado mismo porque el IVA (Impuesto de Valor Agregado) es exagerado “es un negocio” para la industria eléctrica.