José Adán Aguerri: consecuencias y riesgos de la reforma a la Ley del Consumidor

El ex presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, (COSEP), José Adán Aguerri, señaló que la Ley de Reforma y Adición a la Ley 842, Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, lejos de proteger a los consumidores es un arma política del régimen de Daniel Ortega en relación a las decisiones que pretende imponer a los bancos nacionales.
 
En un editorial Aguerri señala que la reforma tiene objetivos políticos porque amplía el ámbito de control del Ejecutivo, que tiene consecuencias inmediatas en el Estado de Derecho y en la seguridad jurídica, y cierne una amenaza sobre todos los consumidores y usuarios, dependiendo del actuar político del régimen sandinista con relación a las decisiones que pretenda imponer a los bancos en su relación con el sistema nanciero internacional.
 
Aguerri explicó que Nicaragua se convierte en un caso muy especial si no único a nivel mundial al adquirir por un lado el Estado la categoría de “consumidor” y al cambiar por el otro lado la potestad de los bancos, conforme la Recomendación 10 del GAFI y su nota interpretativa, de tener políticas internas con un enfoque basado en riesgo en materia de prevención de lavado de dinero y trasladar la misma al Estado. 

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En el Editorial, el expresidente de Cosep enumeró algunas de las primeras consecuencias de la reforma: violación al derecho constitucional de libre empresa consignado en el artículo 99 de la Constitución Política de Nicaragua; al hacer al Estado consumidor es darle aún más control en su relación de poder político sobre los ciudadanos y las empresas. 
 
“El Ejecutivo es el que controla todos los poderes del Estado. Distinto es el caso en un Estado que tiene pesos y contrapesos. Pero aquí el Ejecutivo lo que hará prevalecer es el criterio político a su conveniencia, lo que va a generar más inseguridad jurídica para todos los que no somos Estado ni partido”, señaló Aguerri.
 

Otro ejemplo, es que la reforma pretende anular de hecho la utilización de los métodos alternos de solución de controversias para dirimir disputas entre personas naturales y jurídicas, en igualdad de condiciones ante la ley, incluyendo las disputas con el Estado tal como lo incorporan una serie de leyes aprobadas en los últimos años. 

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Además, el ex presidente de Cosep, argumenta que otro ejemplo de consecuencia negativa es la intromisión del Ejecutivo con esta ley en entidades públicas que habían sido hasta ahora relativamente respetadas en su accionar técnico, como es el caso del Banco Central. 
 
“Se entrometen en las funciones del Banco Central al hacerlo receptor de reclamos de consumidores (remesas), lo que no está contemplado en su ley orgánica. De hecho, esta reforma provoca una serie de contradicciones con una serie de leyes vigentes, lo que en un país con independencia de poderes resultaría consecuentemente en las necesarias reformas de estas. Esas son algunas de las consecuencias de la reforma, pero no podemos perder de vista los riesgos que esta conlleva y que, de hacerse realidad, pueden provocar perjuicios muchos mayores a las que me referiré en una segunda parte de este artículo”, concluye.