Poder Judicial en Nicaragua corrupto y Daniel Ortega enriquece a sus "leales" señala EEUU

El informe "Clima de Inversión 2022: Nicaragua", divulgado por el Departamento de Estado de Estados Unidos señala que el régimen de Daniel Ortega no utiliza políticas transparentes para establecer “reglas de juego” claras, respecto a la aplicación de las leyes en materia económica, es decir que utiliza la legislación para enriquecer a quienes son leales a él. 

Según el informe existen sistemas legales, regulatorios y contables, pero la implementación es opaca. “El gobierno no fomenta la competencia sobre una base no discriminatoria. El régimen de Ortega-Murillo mantiene control directo sobre varios sectores de la economía para enriquecer a los leales”.

En este sentido, el documento destaca que los inversionistas se quejan porque que las autoridades reguladoras son arbitrarias, negligentes o lentas para aplicar las leyes existentes, “a veces en un aparente esfuerzo por favorecer a un competidor sobre otro”.

También señalan que ciertas entidades públicas pueden hacer cumplir las normas, pero como están controladas por el poder ejecutivo “no son ni objetivas ni transparentes”. 

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Respecto a la formulación de proyectos de ley, el informe "Clima de Inversión 2022: Nicaragua" señala que, aunque las asociaciones afectadas deberían de participar en las discusiones de reglamentación de ley no son escuchadas. 

“El poder ejecutivo propone la mayoría de las leyes de inversión, y la Asamblea Nacional controlada por el régimen rara vez hace modificaciones. No existen mecanismos efectivos de supervisión o cumplimiento para garantizar que el gobierno siga los procesos administrativos”.

Agrega “La implementación y el cumplimiento de estas leyes no son objetivos ni transparentes. El sistema legal es débil y engorroso”. 

Poder Judicial corrupto e incompetente

Asimismo, el informe enfatiza que el Poder Judicial en Nicaragua es corrupto y está sujeto a una “presión política” porque los procedimientos no son transparentes ni objetivos. 

“Se cree ampliamente que los miembros del poder judicial, incluidos los de niveles superiores, son corruptos y están sujetos a una presión política significativa y a la dirección del poder ejecutivo, específicamente del presidente y el vicepresidente. El proceso judicial no es competente, justo ni confiable. Los reglamentos y las acciones de cumplimiento están técnicamente sujetos a revisión judicial, pero los procedimientos de apelación no son transparentes ni objetivos”.

Larga historia de expropiación

Por otro lado, el documento se refiere al tema de la expropiación e indemnización, en este capítulo señalan que Nicaragua tiene una larga historia de expropiación gubernamental sin el debido proceso. 

Destacan que persiste una incertidumbre considerable en la obtención de los derechos de propiedad. También los reclamos de títulos de propiedad conflictivos son “abundantes” y las apelaciones judiciales son “muy desafiantes”.

Respecto a las cifras señalan que desde 2018, el régimen de Daniel Ortega ha cancelado la personería jurídica de 118 ONG, incluidas 14 universidades. 

“El gobierno confiscó los activos de seis universidades y las está convirtiendo en instituciones controladas y administradas públicamente”. 

El documento recoge que varios propietarios han denunciado invasiones de tierras por parte de actores afiliados al gobierno desde que comenzó la crisis política en 2018. 

“Los propietarios pudieron poner fin a estas invasiones a través de conexiones con el gobierno o sobornos. En los casos en que el gobierno reclamó el derecho legal a la tierra, las ofertas de compensación, si las hubo, se calcularon sobre el valor catastral, una gran subestimación del valor de mercado”. 

A fines de 2020 y principios de 2021, el régimen de Nicaragua dispuso de bienes inmuebles incautados a medios de comunicación independientes. “El Gobierno no siguió el debido proceso y transfirió las instalaciones al Ministerio de Salud para instalar puestos de salud”.