SIBOIF ordena a bancos no cumplir con ley que protege a sancionados, se echan para atrás

La Superintendencia de Bancos y de otras Instituciones Financieras (Siboif) envió una circular a los gerentes generales del sistema financiero nacional en la que pide aplicar la Ley No. 1224, "Ley de Protección de los nicaragüenses ante sanciones y agresiones externasLey No. 1224, "Ley de Protección de los nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas", pero que cumplan con las regulaciones internacionales. Para algunos economistas consultados por 100%Noticias, esta medida significa que el régimen de Daniel Ortega "retrocede" en la aplicación de la nueva legislación.

La circular DS-DS-3882-11-2024/LAME, firmada por el sancionado Luis Ángel Montenegro, Superintendente de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, ordena que "Las instituciones financieras deberán mantener la observancia de las regulaciones contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo".

En un segundo punto, detallan que "Las instituciones financieras deberán establecer medidas de debida diligencia intensificada para los clientes designados en listas y deberán reportarlos a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Debe verificarse que la prestación de servicios financieros internacionales para estos clientes guarde correspondencia con las regulaciones contractuales internacionales".

La SIBOIF señala que dará seguimiento al cumplimiento de lo antes instruido, en correspondencia con el marco legal aplicable.

Retroceden en la implementación

Al respecto, el economista Juan Sebastián Chamorro explicó que la SIBOIF se atribuye poderes discrecionales, permitiendo que las instituciones financieras brinden servicios a personas sancionadas, siempre y cuando se respeten las normativas internacionales. 

"Se está haciendo una aplicación muy particular de la Ley, es decir, la SIBOIF que tiene poderes discrecionales para hacer básicamente lo que Daniel Ortega le ordene deja la ley en una aplicación como intermedia. De alguna manera dice pueden abrirle, pueden darle servicio a los clientes sancionados, pero respetando las normativas internacionales", dijo Chamorro a 100%Noticias.

Agrega "esto significa varias cosas, en primer lugar, de que Ortega se da cuenta de la seriedad y la irresponsabilidad que ha significado esta Ley y de alguna manera retrocede en la implementación para este acomodarse".

Sin embargo, el economista advirtió que la ley continúa siendo una amenaza latente para el sistema financiero nacional. "La amenaza a los banqueros de que si no le abren cuentas a los sancionados van a la cárcel, entonces esa parte la SIBOIF dice tienen que hacerlo, pero respetando las normativas internacionales probablemente lo que se esté hablando ahí es de una especie de apertura de servicios limitadas en las cuales los sancionados puedan tener servicio financiero sin necesariamente estar conectado a los mercados internacionales, por ejemplo,  si quieren hacer transferencia va estar complicado". 

"Espada de Damocles"

Chamorro señaló que esta situación genera un entorno incierto para los banqueros, quienes ahora enfrentan un doble desafío: cumplir con las regulaciones nacionales impuestas por la SIBOIF y no violar las normativas internacionales que rigen los servicios financieros.

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"Está por verse como lo va a interpretar el regulador de los bancos corresponsales, a ver en qué termina, pero ciertamente la interpretación de primer momento es que es un retroceso debido a la seriedad probablemente la misma gente que lo rodea o tal vez pudo haber habido algún intercambio de comunicación con los bancos o negociaciones no lo sabemos o por lo menos yo no estoy al tanto de nada de ese orden, pero sí, claramente muestra que después de pasar la ley toman la decisión de bajarle el gas a la aplicación de esta", expresó Chamorro al medio.

El economista advirtió que, pese a este aparente ajuste en la aplicación de la ley, el entorno financiero en Nicaragua sigue afectado. La legislación ha cambiado el ambiente de negocios, dejando una "espada de Damocles" sobre el mercado y los bancos, que operan bajo amenazas de sanciones legales y la incertidumbre generada por el contexto regulatorio.

"Este reacomodo demuestra que el régimen ha tomado en cuenta las graves consecuencias de esta ley, pero no elimina el peligro que representa para el sistema financiero nacional", señaló.

Presionar al Gran Capital

El economista Óscar René Vargas afirmó que la Ley No. 1224, diseñada supuestamente para proteger a los sancionados, representa una "espada de Damocles" sobre el sistema financiero y económico de Nicaragua. Según Vargas, esta normativa parece haber tenido como objetivo principal presionar al Gran Capital para que se alineara con el régimen en sus gestiones ante Washington, más que ser una ley realmente aplicable.

"Desde un comienzo he dicho de que esta ley para proteger a los sancionados y que los bancos debieran de actuar en esa dirección era una especie de una "espada de Damocles" para forzar al Gran Capital para que actuaran a favor de ellos en Washington pero que la Ley no la podían aplicar debido a varios factores, el primero es que las remesas familiares que llega a Nicaragua el 97% de ellas llegan vía banco e instituciones como Western Unión, el 80% son vía banco, imagínate", dijo Vargas a 100%Noticias.

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Vargas argumentó que aplicar esta ley en su totalidad habría sido imposible debido a su impacto directo en el sistema financiero, clave para la estabilidad económica del país. 

"Todas las ventas que hace el Estado de Nicaragua, todas las exportaciones e importaciones etcétera se hacen vía bancos. Los préstamos internacionales también se hacen a través de los bancos, las donaciones también a través de los bancos, las inversiones extranjeras también a través de los bancos, es decir, que era imposible que pudieran aplicar esa ley".

Divergencias dentro del régimen

Vargas explicó que dentro del régimen hay dos sectores: uno liderado por figuras como Gustavo Porras, que promovió esta ley sin considerar sus consecuencias prácticas, y otro más pragmático, alineado con Daniel Ortega, que reconoció los riesgos de su implementación. 

"El sector ligado a Daniel Ortega que son más racionales ven que esta Ley es un harakiri político que estaban haciendo porque si se bloqueaba todo el comercio internacional, las remesas etc, el gobierno iba a caer. Desde hace más de una semana estoy viendo esa posibilidad de que era no era aplicable esa ley y que más bien era una especie de chamarra para presionar más los banqueros".

Sobre la Ley de protección ante sanciones

La 'Ley de protección de los nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas', aprobada de manera unánime por los 91 diputados que integran la Asamblea Nacional ordena al sistema financiero nacional desconocer las sanciones internacionales dictadas contra funcionarios del Estado y/o instituciones públicas nicaragüenses, y quien las incumpla será acusado de "traición a la patria".

La ley será aplicada por todas las instituciones a nivel nacional, regional y municipal, así como por las personas naturales y jurídicas, sean estas públicas o privadas en todo el territorio nacional, incluyendo los bancos.

Establece que "en Nicaragua se declaran nulas y sin efecto jurídico alguno las sanciones impuestas por Estados, grupos de Estados, Gobiernos u organismos extranjeros que violen el derecho internacional".

"Estas sanciones carecen de validez y aplicabilidad en todo el territorio nacional, independientemente de su naturaleza o alcance", según el texto.

Además establece que ninguna entidad o persona, bajo argumento de sanciones, podrá negar o suspender la provisión de bienes y servicios privados y públicos, sean estos comerciales y financieros, a las personas naturales y jurídicas, entidades privadas e instituciones del Estado.

Acusarán de traición a la patria al que la incumpla

Además, Nicaragua garantizará que las instituciones reguladas cumplan con el ordenamiento jurídico del Estado, pudiendo imponer sanciones y multas, de conformidad a su marco regulatorio, a las entidades bajo su regulación que violen los derechos de los usuarios y consumidores al aplicar sanciones.

Las instituciones públicas reguladoras podrán aplicar medidas adicionales a los infractores que lleguen a la suspensión temporal o definitiva de sus operaciones.

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"Todo lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades penales que correspondan por el delito de Traición a la Patria", advierte la norma.

Asimismo, las instituciones del Estado, autoridades, funcionarios y empleados públicos, ciudadanos y entidades privadas, en el caso de ser afectados por la aplicación de sanciones, podrán solicitar la restitución del servicio prestado y el resarcimiento de los daños si procede, conforme a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas.