Oposición denuncia nueva ola represiva en Nicaragua tras avance de reforma constitucional
La opositora Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) denunció este miércoles una "nueva ola represiva" en Nicaragua, tras la aprobación en primera legislatura de una reforma constitucional que transforma el Estado y otorga un poder total a la Presidencia de la República sobre los demás poderes.
En una declaración, ese movimiento opositor en el exilio afirmó que, tras esas enmiendas, las autoridades nicaragüenses han desatado "una nueva ola de secuestros que, en los últimos días, dejó al menos 21 detenciones arbitrarias en diez departamentos del país".
"Entre los detenidos hay familias completas, incluidos menores de edad y un número no determinado de personas víctimas de desaparición forzada", indicó.
A juicio de la CDN, integrada por opositores desnacionalizados, entre otros, "esta escalada es una muestra del nuevo esquema de control absoluto del régimen, en el que la violencia la trasladan también a los familiares de los secuestrados y desaparecidos, a los que les niegan información que permita confirmar el paradero y el estado de sus seres queridos".
"Estos nuevos atropellos contra los derechos ciudadanos son un reflejo de la pérdida total de las garantías fundamentales de los ciudadanos y del uso que las fuerzas represivas darán a los nuevos poderes que les otorga la nueva Constitución, hecha a la medida de un régimen totalitario que no permite ningún tipo de crítica ni cuestionamiento", señaló ese grupo opositor.
La CDN se solidarizó con las familias de las víctimas "y se une a ellos para exigir su pronta liberación y el respeto de su integridad".
Además, reiteró su rechazo a esa nueva Constitución "que eliminó los derechos ciudadanos y otorga más poder a los dictadores, e insta a los organismos internacionales a emprender las acciones necesarias para garantizar la vida e integridad de los detenidos".
La organización Monitoreo Azul y Blanco registra la detención de al menos 21 nicaragüenses de forma arbitraria desde el viernes pasado, incluido menores de edad y diez adultos mayores.
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De momento, ni el Gobierno de Nicaragua ni la Policía Nacional han ofrecido sus versiones sobre la denuncia de esas detenciones, y generalmente no suelen pronunciarse.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato -el cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de "golpistas" y de "traición a la patria". EFE