Reacciones: Régimen Ortega Murillo, el gran administrador de los bancos en Nicaragua

La reciente presentación de la Ley de Administración del Sistema Monetario y Financiero ante la Asamblea Nacional de Nicaragua, generó fuertes reacciones entre economistas y opositores, quienes denuncian una intervención total del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en el sistema bancario del país.

Economistas y opositores coinciden en que esta ley representa un grave retroceso para la economía y la democracia del país, consolidando el control autoritario del régimen y profundizando la crisis económica.

Esta ley, que deroga las leyes orgánicas del Banco Central de Nicaragua y de la Superintendencia de Bancos (SIBOIF), ha sido calificada como un intento de control absoluto y una amenaza a la economía nacional.

El economista Marco Aurelio Peña, en una entrevista con Lucía Pineda Ubau, expresó su profunda preocupación por esta iniciativa. Peña cuestionó la justificación de que el Estado "administre" el sistema financiero, señalando la diferencia entre regular y administrar.

“Administras lo que tienes a cargo, como el régimen presupuestario. Pero una cosa es la función de regulación y otra la administración, quienes administran los bancos deben ser los dueños de esos bancos, los banqueros”, dijo el economista.

Peña comparó la situación de Nicaragua con países como Uruguay, Chile y Costa Rica, donde existen superintendencias de bancos con funciones de regulación dentro de un estado de derecho funcional.

En contraste, describió la situación de Nicaragua como un “Estado de Derecho resquebrajado”, con una “autocracia familiar” y un “Estado-Familia” que interviene de manera “arbitraria, abusiva, extorsiva y distorsiva”. 

El analista, criticó la creación de un “consejo directivo todopoderoso”, conformado por funcionarios gubernamentales y miembros no ejecutivos de designación desconocida.

“Vendría a administrar el sistema monetario y financiero del país, una completa intervención estatal, sin decir que se trata de una intervención estatal, es una especie de nacionalización sin decir que se trata de una nacionalización, porque le estás quitando competencias y funciones a los agentes económicos privados, en el mercado bancario”, comentó el experto.

El economista también señaló la violación del sigilo bancario en el artículo 24 de la ley, que obliga a las oficinas públicas y a cualquier persona en Nicaragua, a proporcionar información al Banco Central y a la Superintendencia. 

“En el artículo 24 una vez más se saltan lo del sigilo bancario… cuando dice que las oficinas y dependencias del sector público están obligadas a suministrar la información que el Banco Central y la Superintendencia les solicita con fines estadísticos; y también a cualquier persona natural o jurídica con residencia a domicilio en el territorio nicaragüense… o sea, toda persona natural o jurídica con residencia o domicilio en el territorio nicaragüense, sea nacional o extranjero, está obligada a proporcionar información al Banco Central o a la Superintendencia de bancos”, esto, según Peña, representa una restricción de los derechos y libertades fundamentales y un avance hacia un “estado de hipervigilancia y control”.

Peña también criticó el artículo que permite a estas entidades requerir el auxilio de la fuerza pública: “sólo en virtud de este artículo ya se dice que la policía estará al servicio de estas entidades que su naturaleza es regular y supervisar las actividades de intermediación financiera y la parte monetaria, ya ponen a plena disposición las fuerzas de coerción”, manifestó. 

En cuanto a las consecuencias económicas, Peña advirtió que esta ley agravará la “economía del malestar” en Nicaragua, caracterizada por la dependencia de las remesas, el subempleo, la informalidad y la emigración.

“Esto viene a profundizar a grabar a empeorar esto de la de la economía del malestar y de un crecimiento sin desarrollo y esto por supuesto que va a empeorar ya no solo los ciertos indicadores que venimos dando seguimiento como el Índice de Desarrollo Urbano, el índice de progreso social… sino que esto viene a empeorar ya el índice de Libertad Económica”.

El analista concluyó que los criterios para introducir este proyecto de ley no son económicos, sino “única y exclusivamente motivaciones políticas”, buscando “la conservación del poder” y la “perpetuación de un régimen político autoritario con características totalitarias, antidemocráticas, familiares de manera indefinida”, sostuvo.

Además, señaló que los bancos serán obligados a financiar a la Superintendencia, lo que probablemente se traducirá en mayores costos para los usuarios o depositantes.

“Los banqueros están dispuestos a mantener, a sostener financieramente esa entidad administradora e interventora, llamada Superintendencia de Bancos, que van a hacer los banqueros, que se lo trasladen a través de tasas y comisiones a los usuarios de los servicios”, advirtió el economista.

Finalmente, Marco Aurelio Peña, calificó esta ley como un ejemplo de “institución extractiva”, “anti desarrollo” y “empobrecedora”.

Núñez: El problema es quien aplica la ley

Por su parte, el opositor Eliseo Núñez señaló que el problema no es la ley en sí, sino quién la aplica: “el problema es quién, ahí lo que está de fondo y que vale la pena indagar, es que le están concentrando poder al presidente del Banco Central y es lo que realmente debería de ponerse el ojo. Es decir, la Superintendencia pasa a ser una entidad secundaria al Banco Central, esto le da mucho más poder a Ovidio (Reyes)  y le quita poder a Ángel (Luis Ángel Montenegro) y  hay que decirlo así de esa manera, porque realmente es en términos personales, no en términos institucionales”, apuntó Núñez.

La organización política Liberales Nicaragua, emitió un comunicado en el que denuncia que la ley busca “un dominio y control tácito sobre el personal de la banca privada” y constituye “una abierta amenaza al sistema financiero nacional”. 

Además, advierten que el régimen sandinista busca “que algunos del sistema financiero nacional respondan a sus designios dinásticos” y amenazar a las instituciones para que no acaten regulaciones bancarias internacionales que contradigan sus intereses. 

Liberales Nicaragua también acusó al sandinismo de constituirse como un “Estado Interventor” y la creación de un “supra poder económico” para beneficio de la “dinastía Ortega Murillo y sus grupos de testaferros políticos sandinistas”.