Seis años de abril: Si estuvieran vivos, ¿Qué harían víctimas de Nicaragua?, hablan sus madres

Abril 2018 es una fecha parecida a una cápsula del tiempo, cuando el calendario se deshoja hasta el cuarto mes del año, pareciera que en Nicaragua las memorias rugen y exigen justicia por el asesinato de al menos 355 personas, sentenciadas a una muerte violenta  por protestar contra el dictador Daniel Ortega y la vice dictadora Rosario Murillo. 

En Nicaragua, la indignación recorre cada calle donde sangró un muchacho, cada casa donde lloró una madre, cada rincón de un país en duelo exige justicia.  

Es el sexto aniversario de una de las más cruentas masacres perpetradas en años recientes en América Latina, una de las organizaciones que más sufre al recordar esta fecha, es la Asociación Madres de Abril, integrada por mujeres ordinarias que se convirtieron en activistas extraordinarias.

Una de ella es Liseth Dávila, a quien la dictadura sandinista le arrebató al primero de sus tres hijos, Alvarito Conrado. 

Al conmemorarse seis años del asesinado de su hijo adolescente, Dávila se permite evadir la dura realidad por un minuto y pensar qué sería de la vida de su hijo si aquella bala no lo hubiera alcanzado.

“Me imagino a mi hijo acumulando reconocimientos en atletismo, le encantaba practicar deporte. Me lo imagino culminando su carrera universitaria, anhelando un trabajo que le diera autonomía. Yo estaría en Nicaragua y mi esposo estaría vivo”, dice Liseth Dávila a 100% Noticias. 

“Son seis años de dolor, de la ausencia de mi hijo. Un duelo que aún no he podido vivir. Yo le juré a mi hijo en su tumba que su muerte no se iba a quedar así. Que íbamos a luchar su papá y yo hasta lograr ver justicia”, comparte con el equipo. 

Desde aquel juramento muchas cosas han cambiado, el padre de Alvarito, el señor Álvaro Conrado, murió en su afán de conseguir justicia, Liseth debió abandonar Nicaragua por el asedio de la dictadura y hoy, desde Ginebra, Suiza, trabaja por sus hijos de 11 y 19 años. 

“Entonces aquí seguimos. El dolor se convirtió en fuerza para poder continuar. Una vez que me tocan a mi hijo y me doy cuenta de toda la barbarie y de las violaciones contra un pueblo indefenso, traté de documentarme y luchar, para que un día se respetan los derechos humanos en nuestro país. Nuestro fundamento como Madres de Abril es el tema de la justicia, nuestro mayor objetivo es que no haya impunidad y mantener viva la memoria de nuestros hijos”, dice esta Madre de Abril. 

En Ginebra, Liseth Dávila atraviesa por todas las vicisitudes que pueda atravesar cualquier mujer migrante, con dos hijos, en un país donde no se habla español sino inglés, alemán e italiano. 

“Practicando he aprendido un poco italiano y he hecho cursos de alemán. Estamos en la lucha”, dice Liseth Dávila, ejemplo de resiliencia. 

A seis años de la masacre de abril, muchas de las madres se encuentran exiliadas en diferentes países. Susana López salió desde hace cuatro años por un punto ciego hacia Costa Rica y ahora se encuentra en Estados Unidos. 

“En este sexto aniversario es un sentimiento encontrado, recordando paso a paso de toda la vivencia del 2018. Hasta que no tengamos justicia no vamos a parar. Ellos tienen que reconocer que en Nicaragua hubo crímenes de lesa humanidad.

En su ajetreada vida de migrante, López supo que la Asamblea Nacional aprobó una Ley que declara Abril, Mes de la Paz “es la paz que ellos pintan, porque realmente en Nicaragua no hay paz. La persecución existe, los muertos existen, los presos políticos existen, nuestro exilio forzado existe, la persecución no la han parado”, denuncia López. 

A 6 años de la muerte de su hijo Gerald Vásquez López, Susana está segura que su hijo se habría convertido en un Ingeniero Civil.

 “Gerald tenía una visión de emprender y servirle a su país. Era una persona muy dada a la bondad, ayudar al prójimo, quería montar su propio negocio conmigo”, comenta Susana. 

Esta Madre de Abril tiene claro que la justicia internacional es uno de los caminos directos para que Daniel Ortega y Rosario Murillo paguen por lo crímenes de lesa humanidad cometidos en contra del pueblo.

 “Lo único que esperamos a nivel internacional es que los países amigos nos apoyen para llevar a juicio al gobierno de Nicaragua”, dice la madre de abril.  

“Yo no he perdido la fe y la esperanza de volver a mi país, con ese orgullo de saber que vamos a hacerle justicia al régimen. Como nicaragüense, madre, como familia, como mujer, sabemos que la justicia divina, llegará. El Señor dijo “tus lágrimas serán recompensadas” y mis lágrimas y las de todas las madres, también serán recompensadas”, añadió Susana López. 

El 30 de mayo de 2018 la dictadura de Nicaragua asesinó a Orlando Córdoba, otra víctima adolescente, hijo de doña Yadira Córdoba. Esta Madre de Abril recuerda los deseos que Orlandito guardaba en su corazón.

“Orlando tuviera 20 años. Él me expresaba que quería llegar a ser un gran futbolista y llegar a jugar a España y lamentablemente pues no se le concedió. Quería perfeccionarse en la ejecución de la batería. Mi hijo tenía talento. Si mi hijo hubiera sobrevivido a las protestas estaría en el exilio, porque cuando él marchaba, usaba un cartel que decía Afuera Los Asesinos”, recuerda doña Yadira. Actualmente ella sostiene el mismo mensaje. 

“Es muy doloroso saber que los asesinos aún están en Nicaragua, gozando de la patria, de nuestra tierra, y nosotros por pedir justicia no vivíamos en paz en nuestras casas. Ahora nos encontramos en un país ajeno. Ahora ellos se burlan del dolor de nosotras las madres. Yo me convertí en un blanco del Estado de Nicaragua, le mandaban a decir al pastor de la iglesia que no fuera a las reuniones de Madres de Abril”, recuerda doña Yadira. 

Cuando aún estaba en Nicaragua, doña Yadira portaba en su cartera la bandera y la foto de su hijo, eso significa un crimen. 

“En Nicaragua yo no podía portar esta camiseta que yo uso en este momento, con el rostro de Orlandito y de otros niños asesinados. Con esta camiseta le muestro al mundo el rostro de las personas que la dictadura asesinó en Nicaragua. Las madres, los padres, los hijos y hermanos que pedimos justicia, le mostramos la realidad a quienes la quieren ver”. dijo Yadira Córdoba. 

Esta Madre de Abril considera que hay avances en la búsqueda de justicia “se ha dado a conocer ante los medios internacionales la historia de nuestros hijos, que no eran delincuentes, eran estudiantes, que no es fantasía lo que se dice. Hemos visto los últimos informes, en Estados Unidos han habido sanciones, el proceso de justicia no lo vamos a obtener de la noche a la mañana, es un proceso”, confía Córdoba. 

Josefa Meza es la madre de Jonathan Morazán, de 21 años. Un estudiante de diseño gráfico, asesinado el 30 de mayo del año 2018, cuando asistió a la multitudinaria Marcha de las Madres. 

“Mi hijo ya fuera un profesional del diseño gráfico y estaría trabajando si no lo hubiese asesinado la dictadura. Estaría realizando sus sueños, viajando, él quería viajar a Argentina, conocer países, pero sus sueños fueron truncados”, lamenta doña Josefa.

Desde el exilio en Ginebra, Suiza, Josefa se imagina lo que sería su familia completa, en caso de que su hijo hubiera sobrevivido “nosotros somos personas con pensamiento independiente, pensantes, no nos gustan los abusos, ni los crímenes cometidos, los asesinatos, abogamos por el derecho a la vida y para para podernos proteger, creo que sí, estaríamos con mi hijo y él seguiría protestando”, comenta Meza. 

A seis años de la masacre en Nicaragua, Josefa recrimina al régimen de Daniel Ortega por no mostrar interés alguno de investigar las muertes durante las protestas.

“No les importa porque ellos fueron los mismos perpetradores de estos asesinatos y nosotras lo sabemos, lo hemos denunciado, por eso nos asociamos. Ahora el impacto es que estamos en el exilio por haber exigido justicia, pero no nos cansamos ni nos rendimos, seguimos firmes”, comenta Josefa.  

La Asociación Madres de Abril tiene claro que la justicia es un proceso y están dispuestas a continuarlo.

“Sabemos que es duro, sabíamos que llevaríamos años, pero continuamos en esta demanda de justicia. Y si fallecemos en el camino, están nuestros familiares, nuestros otros hijos, que son los que van a continuar esa demanda en contra de la dictadura sangrienta, que tendrá que abandonar el poder y pagar por los crímenes de lesa humanidad que han cometido”, sostiene Josefa.

Dictadura se ha profesionalizado en represión

Según Ivania Álvarez, excarcelada política e integrante de la organización Urnas Abiertas, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en los últimos seis años, profesionalizó sus mecanismo de tortura y coacción contra los nicaragüenses. 

Mientras en el 2018 se registró el primer gran grupo de personas encarceladas por participar en las marchas contra Ortega y su régimen, todas ellas fueron vapuleadas, llevadas a la cárcel Modelo en Tipitapa, rapadas y luego de varios días, liberadas en la calle. Seis años después, el observatorio registra un modus operandi más elaborados. Un control y espionaje que ha calado los barrios de Nicaragua. 

“Recordemos las primeras detenciones que hubo mucha violencia. Los primeros presos de Diriamba, Tipitapa, Estelí, fueron llevados a la fuerza, torturados, violentados físicamente.  Ahora basta con que te mande a llamar un comisionado de la policía y han creado un ambiente de miedo y de tensión. Te neutralizan”, explica la activista de Derechos Humanos. 

Son esos mecanismos de coacción más elaborados los que impulsaron también la migración forzada, porque luego de las detenciones de 24 horas, citatorios policiales e interrogatorios, las personas sabían qué podía pasar si se quedaban en el país y decidieron salir. 

“En julio del 2021 denunciamos que se estaba creando la policía voluntaria que  estaba a  cargo de las secretarías políticas. Así lograron tener vigilados los barrios y cada cuadra. Lograron afinar sus mecanismos de represión y en estos momentos quienes la están pasando peor, después de los presos políticos, son sus familiares. Porque lograron silenciarlos, o logran sacarlo del país a través del exilio forzado, expulsión o no permitiendo la entrada a una cantidad de personas”, indicó la integrante de Urnas Abiertas. 

Otras medidas represivas utilizadas seis años después del inicio de la crisis, es el control de llamadas de teléfono, seguimientos en redes sociales, amenazas verbales, llamados a las policías locales. 

“No es necesario que esté la policía armada afuera de tu casa, con una llamada telefónica pueden llevarte al pánico”, advierte. 

Urnas Abiertas, sostiene que desde el inicio de la represión en Nicaragua, al menos 2000 nicaragüenses estuvieron secuestrados por horas o años, por la dictadura orteguista. Ivania, quien también fue presa política, desterrada y desnacionalizada, dice que desde las primeras encarcelaciones en el país impera un subregistro. 

El Mecanismo de Reconocimiento de Presas y Presos Políticos en Nicaragua, reconoce actualmente a 138 presos políticos y agrega a por lo menos 100 personas que tienen “casa por cárcel”, que son obligados a firmar periódicamente en sus localidades de origen, todos los días de la semana. 

Según la activista, los familiares de los presos políticos que ya tienen un año en la cárcel enfrentan una situación de violencia y amenaza. 

“Aunque los organismos defensores de Derechos Humanos están haciendo sus informes y están denunciando los secuestros es muy poco lo que se puede hacer desde dentro de Nicaragua. En temas de denuncia y de incidencia internacional, hemos puesto estos nombres y esta serie de violaciones de derechos humanos a los presos y a los familiares. Estamos viviendo uno de los peores momentos para los familiares de presos políticos”, advierte Álvarez. 

Añade que al salir de su visita o entregar la paquetería, muchos familiares han sido obligados a firmar una carta donde se comprometen a no denunciar “Esto es un desafío tanto para los medios de comunicación como para los defensores de Derechos Humanos, ya que no tenemos el acceso a la comunicación con los familiares”, sostiene.

La organización Urnas Abiertas identifica los patrones de violación a los  Derechos Humanos de los presos políticos y el primero de ellos es la desaparición forzosa 

“En las últimas redadas de presos políticos, los familiares tuvieron noticias de su paradero 48 horas después y en algunos casos  inclusive, una semana después del secuestro. Esto es lo peor. Mientras estás desaparecido, mientras tu familiar no tiene contacto, adentro te están torturando, interrogando. Hemos documentado algunos testimonios de hasta 20 interrogatorios a diario, hasta obligar a los presos políticos a declarar bajo una fuerte amenaza”, identifica la opositora. 

Según Álvarez, el régimen abarcó en el último año, sectores que le faltaban por controlar como lo hizo con las iglesias. De la amenaza, espionaje y vigilancia, tampoco escapa el sector estatal y las filas de su propia militancia.  

“No hay un sector sin ser asediado, amenazado y hostigado en Nicaragua. Quiero enfatizar en los trabajadores del Estado ya la vimos en el 2022, candidatos a alcaldes del Frente fueron llevados a la cárcel y hoy están fuera del país. También trabajadores de la Corte Suprema de Justicia, trabajadores de alcaldías o servidores públicos desde la salud y educación, estudiantes. No hay un sector organizado en Nicaragua que no haya sufrido represión”, subraya Ivania. 

Urnas Abiertas incluye en los también las presiones al sector privado, quienes son vigilados en sus casas, llamados a reunión para ser amenazados y seguidos de cerca por el régimen, ese es el costo de continuar desarrollando sus pequeñas o medianas empresas. 

Largo camino hacia la justicia

Gonzalo Carrión , abogado y defensor de derechos humanos y uno de los fundadores del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, es parte de los activistas que hace seis años comenzaron a documentar las historias personales y familiares impactadas por la represión. Estas historias, asegura, serán vitales para llevar al Estado de Nicaragua ante la Justicia Internacional; y a Daniel Ortega, Rosario Murillo y su séquito, ante la Corte Penal Internacional. 

“Debemos distinguir el propósito de cada una. En  la Corte Internacional de Justicia allí demandas al Estado, y la Corte Penal Internacional, ahí es donde se llevan de acusaciones contra personas, los perpetradores de genocidios, los que cometieron actos criminales, los que ordenaron disparar a matar en Nicaragua”, explica el defensor de Derechos Humanos.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, representa a  Susana López y  a su familia, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acompaña a más de 50 personas privadas de libertad para solicitud de medidas cautelares, acompañan organizaciones cuyas personerías jurídicas fueron canceladas por la dictadura, ante la Comisión Interamericana, por la violación del derecho de asociación, de participación política en democracia.  

“Hay muchísimas víctimas, siguen, no cesan, perseveran, siguen resistiendo, hemos permanecido en esta lucha por construir memoria, para no olvidar, para alcanzar la anhelada justicia”, concluyó Carrión. 

Raza e Igualdad: “Panorama sombrío”

Para Carlos Quesada, director de  Raza e Igualdad, en Nicaragua hay “panorama sombrío” a seis años del inicio de la represión. 

“Muy preocupante porque no solamente ha provocado una crisis de Derechos Humanos, sino que también ha provocado una crisis económica, marcada por el exilio forzado, por la migración continúa y por el desmantelamiento de las instituciones, tanto cívicas y civiles”, asegura Quesada, quien destaca que la dictadura de Ortega acabó con el tejido social en Nicaragua. 

Quesada observa que faltan sanciones a nivel internacional “hace falta mayor presión internacional. El gobierno de Nicaragua sigue recibiendo oxígeno de instrucciones financieras internacionales, de empresas privadas, inclusive empresas privadas transnacionales, entonces el régimen puede seguir operando en total impunidad”, dijo a 100% Noticias. 

Raza e Igualdad sigue de cerca lo que considera un movimiento contra la democracia “Lo que está pasando en Nicaragua forma parte de un movimiento a nivel mundial donde dictaduras de izquierda o de derecha, o en el caso de Nicaragua que ni sabemos qué es, los dictadores hacen  lo que les da la gana y se están pasando el derecho internacional humanitario por los lados”, criticó Quesada. 

Añadió “en Centroamérica lo tenemos claro con Bukele y otras supuestas “democracias” en América Latina también. Entonces ante ese panorama internacional, pues evidentemente la fiscalización de Nicaragua algunas veces va pasar de lado”, sostuvo Quesada.