Nadie está a salvo en el mundo de los Ortega Murillo

El 2024 cierra como el año en que los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo demostraron que “nadie está a salvo” dentro de su régimen, lo que fue palpable cuando en mayo convirtieron en otro de sus prisioneros políticos a Humberto Ortega Saavedra, hermano menor del dictador y por tanto cuñado de Murillo, además de haber sido el máximo dirigente de la guerra del Frente Sandinista (FSLN) contra la dictadura somocista, uno de los nueve comandantes sandinistas que gobernaron el país en los años ochenta, jefe fundador del ejército sandinista y, según han afirmado algunos sus excompañeros comandantes, quien habría maniobrado en 1979 para que el gobernante del país, a la caída de Anastasio Somoza Debayle, fuera su hermano Daniel.

Ortega Saavedra murió después, el 30 de septiembre, debido al agravamiento de la salud que le generó la humillante forma en lo que trataron sus parientes, bajo arresto domiciliar ya fuera en su casa o en el hospital militar, así como totalmente incomunicado, pues lo despojaron de computadoras y teléfonos celulares.

Otra importante figura del sandinismo que “cayó en desgracia” en este 2024, más simbólica que otra cosa, fue Carlos Fonseca Terán, hijo del creador del sandinismo, Carlos Fonseca Amador, fundador del movimiento guerrillero FSLN, jefe máximo de la Revolución Popular Sandinista (RPS), y a quien los Ortega Murillo constantemente señalan como su guía y conmemoran con actos públicos todas las fechas de su nacimiento y el de su muerte, además de que en sus actividades suelen colocar en las tarimas enormes fotografías del ideólogo muerto a manos de la Guardia Nacional en noviembre de 1976.

En este año también fueron “purgados” importantes funcionarios del régimen, como el exministro de Hacienda, Iván Acosta, o la vicecanciller Arlette Marenco. Llamativo fue el caso del jefe de escoltas del dictador, el comisionado general Marcos Acuña, ahora dado de baja deshonrosa y encarcelado después de que supuestamente se comportó “malcriado” con Murillo.

La lista de “purgados” fue grande en este 2024. El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas señala que, hasta noviembre pasado, en las mazmorras de la dictadura había al menos “25 personas trabajadores del estado y simpatizantes del partido de gobierno que sufren de detención arbitraria y que sus familias no denuncian porque están amenazadas”.

Además de los detenidos, también hay fichas del régimen que simplemente las han desaparecido o apartados del plano público.

Exjefe de la escolta presidencial y otros exministros

El exjefe de la escolta presidencial, el exministro de Hacienda y su vice, el extesorero General de la República, el expresidente de la Empresa Portuaria Nacional (EPN) y el asesor presidencial para Políticas para Pueblos Originarios figuran entre los principales exfuncionarios de la dictadura que están encarcelados o al menos estuvieron detenidos por días en este 2024, víctimas de las purgas que efectuaron los Ortega Murillo en este año.

A ellos se les suman históricos militantes del partido de gobierno, los ya mencionados Humberto Ortega y Carlos Fonseca Terán, así como Jorge “El Cuervo” Guerrero, quien estuvo preso a inicios de la década de 1970 junto al dictador Daniel Ortega, cuando ambos eran guerrilleros del FSLN, por lo que formó parte de las amistades íntimas de Ortega que también compartieron prisión con el ahora dictador. A El Cuervo, de 81 años de edad, le atribuyen actos de corrupción y estar implicado en tomas de tierras, a pesar de que ha sido condecorado por la Policía.

El régimen también metió a sus mazmorras a dos exmiembros del ejército sandinista de los años ochenta, al excoronel Víctor Boitano y el mayor en retiro Eddie Moisés González Valdivia, quien en julio se lio a balazos con policías del régimen cuando lo iban a detener sin razón alguna.

De entre todos los funcionarios purgados en este 2024, el que más cercanía tenía con el dictador era el comisionado general Marcos Acuña, el jefe de la escolta presidencial, quien cuidaba de Ortega desde los años noventa y le conocía todos los movimientos. Un altercado que Acuña tuvo con Rosario Murillo, a inicios de agosto, fue suficiente para que Murillo la baja deshonrosa del principal guardaespaldas de su marido y lo encarcelara bajo el delito de incumplimiento de deberes, desobediencia e insubordinación.

En octubre, la policía del régimen detuvo por varias horas y luego puesto bajo casa por cárcel al exministro de Hacienda, Iván Acosta, quien supuestamente habría intentado salir del país sin autorización de los dictadores, debido a que desde junio había caído en desgracia, a pesar de que en julio Ortega lo nombró su asesor. La policía, incluso, cateó su casa con violencia en esa ocasión.

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Quien había sido su vice, Meyling Inés Dolmuz Paiz, habría ocurrido con la misma suerte, cuando la policía la secuestró tras ser detectada realizando trámites migratorios para salir del país, algo que, para quienes son o han sido funcionarios del régimen, tienen prohibido desde hace ya varios años, tras las protestas de abril de 2018.

Tanto Acosta como Dolmuz estaban ligados a otro caído en desgracia dentro del régimen, el extesorero general de la República, Juan José Montoya Pérez, detenido desde abril por supuesto lavado de dinero, a pesar de que ya tenía dos años fuera del cargo. El régimen no se ha pronunciado oficialmente sobre el asunto.

Ligado al caso de Montoya estaría el del general en retiro Francisco Orlando Talavera Siles, hermano del expresidente del CNU, Telémaco Talavera. Al exmilitar lo detuvieron en junio, bajo sospechas de corrupción.

Uno de los casos que ha quedado en el más profundo silencio, por parte de la dictadura, es del expresidente de la Portuaria, Virgilio Silva, quien en mayo estuvo bajo arresto domiciliario sospechoso de haber cometido corrupción, según informó en su momento el medio Confidencial, pero luego, en junio, fue visto en una fiesta de la embajada de Rusia. Lo que sí se comprobó es que no siguió en el cargo.

Quien todavía se encuentra en una mazmorra del régimen es Steadman Fagot, histórico líder miskito que en agosto pasado había sido ratificado como asesor de Ortega para asuntos indígenas, pero un mes después, el 14 de septiembre, fue secuestrado por el ejército y acusado de estar vinculado con narcotraficantes hondureños, con los que supuestamente planeaba “sustraer armamento orgánico de la institución en los puestos militares ubicados sobre la ribera del Río Coco”. Días antes, Fagot había denunciado públicamente que el 50 por ciento de los territorios indígenas están arrasados por los colonos, los que actúan impunemente con armas de guerra y protegidos por la policía y el ejército de la dictadura.

Un caso que el régimen tampoco ha querido aclarar es el de Carlos Fonseca Terán y el de los integrantes de un grupo de WhatsApp llamado La Comuna, en el cual supuestamente Fonseca Terán impartía clases de política, pero, sin la autorización de los dictadores.

Fonseca estuvo encarcelado junto a su esposa Arlen Yahoska Cuadra Núñez, pero recientemente habría sido puesto bajo casa por cárcel. Sus amigos, algunos de los cuales eran funcionarios en el Ministerio de Economía Familiar Comunitaria Cooperativa y Asociativa (Mefcca), siguen presos acusados de formar parte de una banda delincuencial que “valiéndose de sus funciones” robó fondos del erario público.

Ellos son Gustavo Antonio Zapata, Alejandro José Taleno Rueda, Ernesto Rafael Paredes Pérez, Cristian Eduardo Bermúdez Roque, José Antonio Bermúdez Sobalvarro, Isaías Alejandro Bonilla Chamorro, Frank Eduardo Matus Rodríguez y Rigoberto José Ramos.

La limpia de los Ortega Murillo incluyó este año también a un sobrino del exjefe del espionaje de la dictadura en la Policía, el comisionado general Adolfo Marenco, quien cayó en desgracia desde enero de 2023. El sobrino es Adolfo Antonio Rugama Marenco, de 40 años de edad, quien era policía cuando lo secuestraron y había sido mano derecha de su tío en la institución armada.

Por último, en este año continuaron las purgas dentro del poder judicial, iniciadas desde octubre de 2023 con el encarcelamiento del administrador de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Berman Martínez y las que en este año llegaron a unos 1,500 trabajadores judiciales despedidos, algunos de los cuales han sido también encarcelados.

Por ejemplo, en julio fueron apresados Brenda Yaoska Sequeira, quien era asistente del magistrado orteguista Armengol Cuadra; también su esposo, Ovidio Joan Aguirre Urtecho y su hermana Sayda María Sequeira Vanegas, además de Domingo Antonio Munguía Carrión, esposo de Sayda y cuñado de Brenda.

Humberto "preso político"

Humberto Ortega Saavedra estaba alejado de la vida pública desde 1995, cuando dejó de ser el jefe del ejército. A partir de entonces, se dedicó a ser empresario, pero de vez en cuando reaparecía en los medios de comunicación para hablar sobre la coyuntura del país.

Desde los años ochenta, comenzó a tener roces con su hermano Daniel a causa de la esposa de este último, Rosario Murillo, pues los cuñados no se llevaban bien y las rencillas crecieron con el tiempo hasta volverse enemistad y odio.

En mayo de este año, en un contexto en el que Murillo se prepara para suceder en el poder a su esposo, Humberto Ortega desdeñó la capacidad de ella o de algunos de sus hijos para reemplazar a su hermano Daniel una vez que este último ya no exista.

“Si falta Daniel Ortega, para mí, Humberto Ortega, no hay posibilidad de que nadie de ese grupo de poder pueda ejercer la influencia frente a un proceso…”, dijo el exjefe del ejército en una entrevista publicada el 19 de mayo por el medio argentino Infobae.

Seguidamente, ante una pregunta sobre las posibilidades presidenciales de Murillo, Humberto Ortega añadió: “Nadie. Nadie. No quiero mencionar a nadie en particular. Sin Daniel no hay nadie, porque, con todo y todo, Daniel es el único líder, histórico, que aún conserva los créditos de esa lucha. Sin Daniel veo muy difícil que haya unos dos o tres que se junten. Mucho menos uno en particular, y más difícil en la familia. Hijos que no han tenido el acumulado de una lucha política. Ni Somoza pudo establecer a su hijo”.

La respuesta de su hermano y de su cuñada fue inmediata, pues, en la noche del mismo día en que se dio a conocer la entrevista, la Policía del régimen allanó la casa del general en retiro, a quien pusieron bajo casa por cárcel y lo dejaron incomunicado, sin computadoras ni teléfonos celulares. Posteriormente, el 29 de mayo, Daniel Ortega lo declaró traidor.

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El 11 de junio la salud de Humberto Ortega se complicó, producto de la situación en la que lo tenían, por lo que fue llevado de emergencia al hospital militar y, en los últimos cuatro meses de vida, permaneció unas veces en su casa y otras en el hospital, siempre bajo custodia policial. Murió el 30 de septiembre como prisionero político de sus familiares.

"Ni las lealtades valen ya"

Las purgas de este año 2024 dentro de la dictadura Ortega Murillo son una continuidad de otras ocurridas en años anteriores, especialmente después de las protestas de 2018, y, por la calidad de las personas “caídas en desgracia”, algunas muy fieles a los dictadores, indican que todo el pueblo nicaragüense está propenso a “ser avasallado” por el régimen, opina la defensora de derechos humanos, Haydée Castillo.

“He dicho siempre ellos (Ortega y Murillo) actúan como el crimen organizado. Cualquier sospecha, cualquier desatino, alguien que no esté de acuerdo con una orden o simplemente por la delación, que ahora está tan de moda que delatar, que es delatar al otro o a la otra para conservar el lugar en ese sistema, se vuelve una amenaza para ellos”, explica la activista pro derechos humanos.

Castillo considera que dentro del régimen no opera ninguna ideología, a pesar de que autodenominan “revolucionarios” y “socialistas”, sino que se trata de “un sistema que ha sido creado para halagar y obedecer a la familia Ortega Murillo”.

“Cualquier nicaragüense con cinco sentidos, con dignidad, tiene que entender lo que nosotros hemos venido diciendo desde 2018, que esta no es una lucha nada más de la oposición política o de los azul y blanco a favor de la democracia y las libertades, este es una lucha que tiene que ser de todo el pueblo de Nicaragua, porque al fin y al cabo todo el pueblo de Nicaragua está en riesgo de ser avasallado, apresado y hasta desaparecido por este régimen porque así funciona el crimen organizado”, indica Castillo.

Los casos de allegados al régimen caídos en desgracia también son una evidencia de que la represión desatada por los Ortega Murillo desde 2018 está llegando “a sus bases”, manifiesta por su parte el especialista en administración de justicia, Yader Morazán.

“Ese es el mensaje más importante, de que ya no hay lo que llamamos vacas sagradas, ya sea que tengan trayectoria histórica, desde los tiempos fundacionales del Frente Sandinista, ya no hay históricos. Ya no hay hijos de, como el caso de Carlos Fonseca por ejemplo y ya no hay el que hayas ejercido mucho servilismo, ya eso no vale para nada. La represión se trasladó a su núcleo cercano”, analiza Morazán.

En todo caso, continúa diciendo Haydée Castillo, de alguna manera las purgas dentro de la dictadura serían una especie de noticia positiva para los negocios, porque significa que “es un sistema que va acabando con ellos mismos”. “Su estrategia es un auto exterminio”, alega.

Otra explicación a las purgas la da el exguerrillero Moisés Hassan, disidente del sandinismo desde los años ochenta, quien aduce que, como Rosario Murillo no tiene méritos guerrilleros dentro del sandinismo, “prefieren rodearse de gente que no tiene historia” y de personas que le sean “serviles”.

En ese sentido, indica el sociólogo Óscar René Vargas, Humberto Ortega representa “el punto más alto” de esos históricos y fue convertido en preso político porque pensó diferente a lo que tienen planeado los Ortega Murillo, que es la sucesión dinástica en favor de Murillo y que se plasmó en las reformas constitucionales que Ortega mandó a la Asamblea Nacional en noviembre, en las que se crea la copresidencia para cumplir el capricho de ella de ser presidenta, pero sin que Ortega deje de serlo también.

Para Vargas, las purgas dentro de la dictadura se han producido contra aquellas personas que no aceptan o están en contra de que Murillo o alguno de sus hijos sucedan en el poder a Daniel Ortega, para hacer efectiva la dinastía.

“Toda disidencia, no importando sea más grande o más pequeña, ella la purga. Humberto Ortega se expresó públicamente que la mejor solución era la negociación. Todos los demás (purgados) pensaron algo y dijeron algo. Esa es la lógica que están aplicando, porque la traición que ellos aducen es la traición a la lógica de la Murillo. Uno puede pensar que los demás también estaban pensando diferente y la Murillo no permite eso, porque su objetivo era eso. La gran contradicción que había era que Daniel Ortega estaba siendo presidente y ella no alcanzaba a ser la presidenta. Esa contradicción la resolvieron creando una copresidencia”, dice Vargas.

El analista político Enrique Sáenz no está seguro de que todas las purgas dentro del régimen tengan que ver con que las víctimas se hayan opuesto a la sucesión en favor de Murillo, pues cree que “cada caso es un caso”.

“Sería muy especulativo encontrar una causa común, porque además las características de las personas son distintas. Una cosa es el ex ministro de Hacienda por ejemplo y otra cosa es Humberto Ortega, para mencionar dos situaciones completamente distintas. Hay una gama de causas, en unos casos se trata de la paranoia que afecta básicamente a la pareja, que ven amenazas o enemigos en cualquier lado. En otros casos se trata de efectivamente ánimo de venganza, como en el caso de Humberto Ortega, donde se combinaban la sospecha, el temor y la venganza. Algo muy distinto al caso del exministro de Hacienda, que hay dos especulaciones, una, de que estaba cometiendo corrupción no autorizada o que perdió una batalla en la disputa burocrática internas, por ejemplo frente a al presidente del Banco Central (Ovidio Reyes), que también hay celos y disputas internas en la burocracia, ver quién se granjea más la simpatía o el apoyo del régimen”, explicó Sáenz.

El también exdiputado añadió que también existen casos de malos tratos, como el del jefe de la escolta presidencial, Marcos Acuña, o de que existen dudas sobre su fidelidad, como el del exjefe de la Inteligencia Militar, Rigoberto Balladares Sandoval, pasado a retiro en junio.

Sáenz coincide con Morazán en que dentro del régimen Ortega Murillo “ni las lealtades valen ya”. “Si ocurrió con un hermano (Humberto Ortega), puede ocurrir con cualquiera, no hay contemplaciones”, concluye.

“Aquí nadie se salva, esa es la consigna, Nadie se salva cuando hay un régimen ambicioso, criminal que cada día no se fía de nadie y cada día ambiciona mucho más y que además sabe que no tiene salida”, refuerza Haydée Castillo.