Bachelet preocupada por el Estado de derecho en El Salvador

La Institución Nacional de Derechos Humanos ha reportado 149 casos de presuntas detenciones arbitrarias, incluyendo casos abuso de la fuerza y malos tratos, desde el 21 de marzo al 13 de abril.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó el martes su preocupación por la crisis institucional que ha surgido entre los tres poderes del Estado en El Salvador debido a las medidas implementadas por el Ejecutivo para evitar la propagación del coronavirus.

“El derecho internacional permite a los Gobiernos restringir algunos derechos cuando se enfrentan a una emergencia como la causada por la COVID-19. Sin embargo, estas medidas deben ser necesarias y proporcionales", señaló Bachelet en un comunicado, que puede leerse completo en este enlace.

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La expresidenta de Chile subrayó que dichas medidas, además, deben "estar en concordancia con la Constitución y las normas y estándares internacionales de derechos humanos".

Asimismo, recordó que debe haber una supervisión judicial y legislativa vinculante al poder ejecutivo, y que el Gobierno debe acatarla.

"Me preocupa que este no ha sido el caso en El Salvador y que el Gobierno está, por consiguiente, faltando a los principios fundamentales del Estado de derecho”, aseguró la comisionada.

El comunicado agrega que, a pesar de vivir un estado de emergencia, "algunos derechos fundamentales no pueden restringirse ni suspenderse, entre ellos el derecho a no sufrir malos tratos y la garantía fundamental contra la detención arbitraria".

Desde el inicio de las medidas de cuarentena dictadas por el presidente Nayib Bukele, ciudadanos, políticos y ahora organismos internacionales, han denunciado arrestos arbitrarios y otras restricciones que violan derechos fundamentales.

Asimismo, Bachelet también expresó su preocupación por los mensajes públicos que estigmatizan a los periodistas y contra los defensores de los derechos humanos y las instituciones que buscan defender las libertades fundamentales y el Estado de derecho.

“La diseminación de información verificada y basada en hechos sobre la COVID-19 y las medidas necesarias para combatirla, es crítica para evitar el pánico, asegurar la confianza del público y salvar vidas. Los periodistas deben poder informar de forma integral sobre la pandemia y la efectividad de las medidas gubernamentales, sin temor ni censura. Recuerdo a las autoridades que las críticas no son un delito”, dijo.

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Bukele ha defendido en reiteradas ocasiones las medidas que ha impuesto y ha asegurado que las mantendrá a pesar de la insistencia de la Corte Suprema de Justicia y de las sugerencias de estos organismos e incluso senadores estadounidenses.

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