Dinamarca empieza a exhumar e incinerar millones de visones sacrificados

Se trata de algo menos de un tercio de la población total de visones sacrificados y que fueron almacenados en su día para acelerar el proceso en dos terrenos habilitados, una iniciativa controvertida y que generó imágenes virales de cientos de cadáveres que salieron a la superficie por efecto de los gases.

A la polémica de los bautizados por medios y redes sociales como "visones zombies" contribuyó también que se descubriera que algunos habían sido enterrados a menos de los 300 metros de distancia de un lago exigidos por los protocolos medioambientales.

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Todo ello desembocó en diciembre en un compromiso político por el que se acordó dejarlos enterrados seis meses hasta que pasase el riesgo de contagio, mientras las autoridades reiteraban que no hay peligro de contaminación del agua hasta pasados dos años.

PRUEBAS PILOTO

"Los vecinos no recibieron la información adecuada, y su agua potable y la del lago ha estado en peligro. Ahora sacamos la fuente de contaminación. Ha sido una situación extraordinaria con gran inseguridad para los ciudadanos. Lo estamos subsanando", dijo hace dos días el ministro de Agricultura, Rasmus Prehn.

Prehn acudió en persona a Nørre Felding, en la localidad de Holstebro, para observar las primeras pruebas piloto que concluyen este sábado y en las que se ha transportado un centenar del total de 13.000 toneladas de cadáveres de visones a trece plantas incineradoras de todo el país.

El objetivo es examinar el estado de los cadáveres y todo el proceso, para empezar en una semana una operación que incluye otras instalaciones en Kølvrå, se prolongará dos meses y para la que se han presupuestado 72 millones de coronas (algo menos de 10 millones de euros), aunque se calcula que puede llegar a costar el doble.

Los vecinos han mostrado sus quejas por la incertidumbre vivida estos meses, los efectos sobre su vida diaria y las posibles consecuencias, mientras las autoridades resaltan que se trata de una situación excepcional para la que se ha tenido que recurrir a iniciativas que no habían sido probadas antes.

"Lamento que todo esto provoque ruido y olores, pero creo que los vecinos preferirán tener que soportarlo por un corto período y saber que luego el problema estará solucionado antes que vivir en la inseguridad durante muchos años", afirmó Prehn.

UNA TORMENTA POLÍTICA

El "minkgate" (caso de los visones) ha protagonizado una tormenta política en un país que ha salido mejor parado que muchos del continente en la gestión de la pandemia, con cifras moderadas de contagio y muertos, y que ha esquivado la tercera ola gracias al uso masivo de test, secuenciación de pruebas y rastreo de contactos.

Aunque ya se había descubierto transmisión de visones a humanos meses antes y se habían cerrado algunas granjas, no fue hasta noviembre que el Gobierno ordenó el sacrificio de los cerca de 15 millones de animales a instancias de las autoridades sanitarias.

En ejemplares del principal criador mundial de visones se había detectado una cepa del virus que debilitaba la capacidad de crear anticuerpos y podía comprometer la eficacia de las futuras vacunas.

El escándalo político se produjo días después, cuando se descubrió que el Ejecutivo socialdemócrata no tenía cobertura legal para ordenar el sacrificio de todos los visones, sino solo de aquellos donde se hubiera detectado contagio o en su zona próxima.

Gracias al apoyo de sus aliados de centroizquierda, el Gobierno se aseguró los apoyos parlamentarios para impulsar una reforma que diera cobertura legal a la medida, aunque por el camino dimitió el entonces ministro de Agricultura, Mogens Jensen.

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El cierre de la industria peletera provocó protestas de criadores de todo el país, apoyados por la oposición de derecha y para quienes se ha aprobado un jugoso plan de compensaciones de hasta 18.000 millones (2.527 millones de euros) por el sacrificio y la prohibición de la cría hasta finales de este año.

El Parlamento danés aprobó en marzo encargar una investigación externa para determinar más posibles responsabilidades en un caso que ha constituido el mayor lunar en la gestión de la pandemia de la primera ministra, Mette Frederiksen.