Un testigo dice que la tregua apoyada por el Gobierno de Funes fortaleció a las pandillas salvadoreñas

El testigo protegido "Noé" señaló que los beneficios que supuestamente recibieron las pandillas en el marco de una tregua entre 2012 y 2014 fortalecieron a estas estructuras, según informó este lunes la Fiscalía en el contexto de un juicio que enfrenta el expresidente Mauricio Funes (2009-2014).

"Clave Noé asegura que los beneficios otorgados por la tregua fortalecieron a las pandillas", dado que "permitieron la reestructuración" de los mandos que se encontraban en libertad, señaló el Ministerio Público en Twitter.

En 2019 y a cambio de beneficios judiciales, este mismo testigo señaló en un juicio contra más de 400 pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS13) que en el marco de esa tregua algunos políticos buscaron apoyo electoral de las pandillas.

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Una de los señalamientos del testigo en ese juicio fue la supuesta entrega de 69.000 dólares por parte del entonces alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, a cambio de votos en las elecciones municipales y legislativas de 2015.

De acuerdo con "Noé", la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ahora partido de oposición, entregó a las pandillas en esas elecciones, en las que triunfó el expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), un total de 156.500 dólares en seis entregas.

Funes, que se encuentra en Nicaragua, y su exministro de Seguridad y Defensa David Munguía Payés enfrentan un juicio por los delitos supuestamente cometidos al respaldar la tregua.

Los delitos atribuidos a Funes, que es enjuiciado en calidad de ausente tras una reforma que permite llevar a cabo un proceso penal sin que esté presente el acusado, son agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes.

Mientras que Munguía Payés, además de esos dos cargos, es acusado también de actos arbitrarios, de acuerdo con la Fiscalía.

Según el Ministerio Público, esta tregua estipulaba favores para estas bandas, como beneficios carcelarios para los líderes presos, inversión pública en las comunidades bajo su control y una menor presencia de las fuerzas de seguridad en los barrios dominados por dichas estructuras.

En junio de 2019, una corte antimafia condenó a penas de entre dos y tres años de prisión a siete operadores de la polémica tregua entre las pandillas.