Los familiares de salvadoreños detenidos presentan 30 "habeas corpus" a la Corte Suprema

Los familiares de decenas de personas detenidas en el contexto del régimen de excepción en El Salvador, vigente desde finales de marzo de 2022, presentaron este viernes 30 "habeas corpus" ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el máximo órgano de justicia de ese país.

Estas solicitudes fueron respaldadas por representantes de las organizaciones humanitarias Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) y del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (Cofappes), que han acompañado al menos 500 habeas corpus por presuntas detenciones arbitrarias.

De acuerdo con la bogada Ivania Cruz, de Cofappes, han dado "asistencia gratuita" para que "los mismos ciudadanos" presenten estos recursos, que establecen el derecho de todo detenido a ser conducido ante un juez o tribunal para que este decida sobre la legalidad de la detención.

La letrada lamentó que han obtenido "pocas respuestas" por parte de los magistrados constitucionalistas y que únicamente se ha resuelto una solicitud por la "condición grave de salud" de la persona afectada.

"Las demás respuestas que hemos obtenido han sido negativas, lastimosamente, porque manifiestan que hay un proceso abierto que hay que finalizar", agregó e indicó que "el debido proceso no se está cumpliendo".

Entre marzo de 2022, cuando entró en vigencia el régimen de excepción, y enero de 2023, la Corte Suprema de Justicia había recibido más de 4.000 habeas corpus, de los que no había resuelto más de 3.500, según diversas organizaciones no gubernamentales.

Tras una escalada de violencia que se cobró la vida de más de 80 personas en marzo del 2022, la Asamblea Legislativa aprobó la suspensión de garantías constitucionales y a petición del Gobierno de Nayib Bukele se ha extendido en 19 ocasiones por períodos de 30 días.

De acuerdo con cifras oficiales, esta medida ha dejado a unas 73.000 capturas y el Gobierno acusa a todos los detenidos de pertenecer a las pandillas, mientras que organizaciones humanitarias dan cuenta de más de 5.000 "víctimas directas" de atropellos a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias.