El Gobierno de Panamá importa combustible de Costa Rica y abre bloqueos en el norte del país

La Policía Nacional abrió este viernes varias carreteras en el norte de Panamá, a donde está llegando combustible importado de la vecina Costa Rica, para paliar los graves efectos en el país de las más de dos semanas de bloqueo de vías en rechazo a un contrato minero.

EFE constató la presencia del contingente policial que abrió el paso en una vía interna de la ciudad de Santiago de Veraguas, situada a unos 250 kilómetros de la capital, sin que se registraran altercados con los manifestantes que estaba allí y que se desplazaron a un bloqueo en la Panamericana, la principal carretera de Panamá y que lo comunica con Centroamérica.

Medios de la región de Veraguas mostraron imágenes del contingente de agentes antimotines despejando otros puntos de vías alternas a la Panamericana en esa región del occidente panameño.

En el marco de las protestas nacionales contra la renovación de la concesión minera, la vía Panamericana registra bloqueos permanentes desde hace más de dos semanas liderados por sindicalistas y grupos indígenas, lo que ha roto la cadena de suministros en el país, donde hay escasez de alimentos y de combustible.

El comisionado de la Policía Nacional, Elmer Caballero, afirmó a última hora del jueves que se despejaría la vía hacia la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, la más afectada por los bloqueos.

El Gobierno informó este jueves que abrió la importación temporal de gasolina de 91 octanos y de diésel desde Costa Rica para abastecer a la provincia fronteriza.

Chiriquí es la mayor productora de vegetales y legumbres del país, productos que se quedaron varados en los bloqueos -muchos se pudrieron y fueron arrojados- o no se han cosechado, por lo que han quedado prácticamente desabastecidos los abastos de los centros urbanos.

"Vamos a ser enérgicos en que se cumpla la ley, ya está bueno del relajo y vamos a poner orden en el país", dijo el comisionado Caballero, en referencia a los actos de violencia que están teniendo lugar en los bloqueos y que han dejado ya cuatro personas muertas y daños a la propiedad pública y privada.

El rechazo al contrato ley que el pasado 20 de octubre extendió por 20 años prorrogables la concesión de explotación de la mina a cielo abierto Cobre Panamá, la más grande de Centroamérica, generó la semana pasada las mayores protestas pacífica en décadas, protagonizadas sobre todo por jóvenes, así como denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía.

Paralelamente se registran bloqueos de vías en los que se han dado hechos vandálicos y la muerte de dos personas por arrollamiento y de otras dos a manos de un hombre armado.

Los sindicatos insisten en que el contrato ley entre Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, debe ser derogado por el Parlamento, lo que ya fue descartado por el Legislativo y el Ejecutivo, que ha dicho que esperarán el dictamen de la Corte Suprema, que ha admitido varios recursos de inconstitucionalidad contra la mina.

Representantes sindicales entregaron el jueves al Ejecutivo un proyecto de ley para derogar el contrato minero, horas después de que el presidente Laurentino Cortizo se reuniera con líderes patronales que le pidieron garantizar el libre tránsito, los bienes y la vida en el país en medio de esta crisis, que está dejando pérdidas económicas de entre 70 y 90 millones de dólares diarios.