Leonardo DiCaprio respalda la lucha popular contra una gran mina en Panamá
El actor y ambientalista estadounidense Leonardo DiCaprio respaldó este sábado la lucha de los panameños contra la operación de una gran mina de cobre, epicentro de una crisis nacional que ha costado la vida de cuatro personas y está dejando pérdidas millonarias en el país.
El astro de Hollywood republicó en su cuenta de Instagram una publicación de la organización Re:Wild, que muestra un vídeo titulado 'Panama Te Quiero Verde, Shut down the mega-mine', de Duletvindigena y Waguafilms.
"El pueblo de Panamá se une para defender la naturaleza, pidiendo a la Corte Suprema del país que declare inconstitucional un controvertido proyecto minero en la selva protegida Bosque Donoso", indican Duletvindigena, que se define como una "red social donde se comparte las vivencias de los pueblos Indígenas" y Waguafilms que genera "producción Audiovisual en territorios indígenas de Panamá".
El área de la concesión, prosiguen las organizaciones, "se encuentra en el corazón del mayor corredor biológico de Mesoamérica", y la "actividad minera tendría impactos destructivos en los ecosistemas, especies y personas circundantes".
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"Un foco de atención global puede ayudar a los panameños a obtener una victoria crítica para la biodiversidad y puede allanar el camino hacia un futuro más sostenible", añade, y pide firmar "la petición para detener el proyecto minero en Panamá en el #linkinbio".
La Corte Suprema de Justicia panameña anunció que el próximo 24 de noviembre el pleno de nueve magistrados instalará una sesión permanente para fallar lo más pronto posible sobre dos recursos de inconstitucionalidad contra el contrato ley que renovó, el pasado 20 de octubre por 20 años prorrogables, la concesión a la empresa Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals.
La minera niega que su operación daña el medio ambiente, mientras que el Gobierno del presidente Laurentino Cortizo asegura que el nuevo contrato garantiza la vigilancia medioambiental y multiplica por 10 los ingresos al fisco, con un pago anual de 375 millones dólares, frente al anterior contrato, que fue declarado en el 2017 inconstitucional por el Supremo.
Los sindicatos y grupos indígenas no apoyan la vía judicial ya activada ante el Supremo e insisten en que el contrato ley sea derogada por el Parlamento, por lo que mantienen bloqueos en las vías que han costado ya la vida a 4 personas y al menos 1.700 millones de dólares en pérdidas a la economía, según las patronales.