La fiscalía de Honduras apela el sobreseimiento al expresidente Porfirio Lobo por fraude

El Ministerio Público (Fiscalía) de Honduras apeló este viernes el sobreseimiento definitivo otorgado a inicios de febrero por un tribunal al expresidente de ese país Porfirio Lobo (2010-2014) por el delito de fraude.

La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), que depende del Ministerio Público, apeló la resolución de un juez, fechada el pasado 1 de febrero, en la que había decidido dictar sobreseimiento definitivo a favor de Lobo y dos exfuncionarios más, según un comunicado de la Fiscalía.

Los otros sobreseídos son el exdirector de presupuesto de la Secretaría de Finanzas Roberto Alonso Zúñiga y el exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) Jorge Johny Handal.

El expresidente Lobo y los otros dos exfuncionarios fueron sobreseídos porque el Ministerio Público no logró "acreditar con el mínimo de indicio racional de la prueba la participación (de los acusados) en los hechos indicados en el requerimiento", según la resolución judicial.

Lobo era acusado por fraude en el caso conocido como 'Pandora II', en el que Zúñiga y Handal eran sindicados por fraude y violación de los deberes de los funcionarios.

El Ministerio Público solicitó además a la Corte de Apelaciones dictar auto de formal procesamiento por fraude contra el exministro de Finanzas Wilfredo Cerrato, quien solo fue procesado por violación de los deberes de los funcionarios.

La exgerente de la Secretaría de Finanzas Lilia Bográn será procesada por violación de los deberes de los funcionarios tras ser sobreseída por fraude.

Por su parte, el exgerente de la Secretaría de Finanzas James Aldana Medina será procesado por fraude y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la Administración Pública.

Según las investigaciones de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), los acusados conformaron entre 2010 y 2013 "una red de corrupción" que participó en la ampliación y aprobación de desembolsos públicos por más de 288 millones de lempiras (cerca de 11,7 millones de dólares) autorizados a las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista.

Inicialmente el caso fue investigado por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público (Ufecic, ahora Uferco) y la otrora Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), que dependía de la Organización de Estados Americanos (OEA).