El Gobierno de Guatemala denuncia a la fiscal general por "incumplimiento de deberes"
El Gobierno del presidente Bernardo Arévalo de León presentó este jueves una denuncia penal y una solicitud de antejuicio contra la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras Argueta, por el supuesto delito de "incumplimiento de deberes".
La Procuraduría General de la Nación y la Secretaría General de la Presidencia aseguran que la fiscal general violentó la ley al negarse a reunirse con Arévalo de León el pasado 29 de enero en una junta de gabinete, donde esperaban coordinar políticas conjuntas.
Porras Argueta ha sido señalada internacionalmente de intentar impedir la investidura de Arévalo de León del 14 de enero pasado con una serie de acciones judiciales tras su victoria electoral del 20 de agosto de 2023.
De acuerdo con el procurador general de la nación, Julio Saavedra, la fiscal general incurrió en una "conducta delictiva" porque la ley la obliga a asistir a las juntas de gabinete a las que sea citada por el presidente.
"La fiscal incumplió sus funciones y por instrucciones del presidente he presentado una solicitud de antejuicio", agregó Saavedra a medios de comunicación en el Organismo Judicial de la capital guatemalteca.
Porras Argueta se presentó a la reunión del 29 de enero pero se retiró antes de iniciar argumentando que no era la forma legal de sostener una reunión con el presidente y posteriormente lo invitó a reunirse en las instalaciones del Ministerio Público (Fiscalía).
El Gobierno de Arévalo de León espera que los tribunales ordenen el nombramiento de un fiscal especial para investigar las implicaciones de la actitud de Porras Argueta.
El Ministerio de Gobernación (Interior) ha sostenido últimamente reuniones con la fiscal Porras Argueta para coordinar acciones en materia de seguridad.
En las últimas semanas, la presión sobre el Gobierno de Arévalo de León se ha incrementado debido a que diversos sectores de la población exigen que se tomen acciones para conseguir la dimisión de la fiscal general.
La fiscal general y la cúpula del Ministerio Público se encuentran sancionados por los Gobiernos de Estados Unidos, Canadá además de la Unión Europea (UE) por considerar que sus acciones contra la victoria electoral de Arévalo de León atentan contra la democracia del país centroamericano.