La conducta del presidente de Costa Rica afecta la libertad de prensa, afirma la SIP
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) señaló este viernes en su informe de medio año una serie de hechos que reflejan el impacto negativo sobre la libertad de prensa de diferentes acciones del Gobierno y del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves.
"La conducta del presidente Rodrigo Chaves en contra de medios y periodistas continuó teniendo impacto sobre la libertad de prensa", indica el informe publicado en el marco de la reunión de medio año de la SIP.
La SIP recopila una serie de hechos, como por ejemplo la denuncia penal interpuesta por Chaves y su Gobierno en contra del diario La Nación y la exministra de Comunicación Patricia Navarro por la publicación de informaciones basadas en audios que la exfuncionaria grabó durante reuniones del Ejecutivo.
"Según expertos legales, es muy limitada la posibilidad de que la acusación prospere", afirmó la SIP.
El informe también da cuenta de un señalamiento hecho por la presidenta del Colegio de Periodistas, Yanancy Noguera, en referencia a que un grupo de manifestantes que agredió a un periodista y un camarógrafo, tienen vínculos con diputados oficialistas.
"Esto generó intensos ataques verbales en contra del Colegio y su presidente por parte de la jefa de esa fracción (oficialista), Pilar Cisneros, del presidente Chaves y el ministro de Comunicación", apuntó la SIP.
El informe también indica que "varios comparecientes" que acudieron a una comisión del Congreso revelaron irregularidades en el manejo de la pauta (publicidad estatal), mediante una agencia de publicidad del estatal Sistema Nacional de Radio y Televisión.
La SIP también recuerda un par de fallos de la Sala Constitucional. El primero de mayo de 2023, y cuya redacción completa se publicó este abril, en el que los magistrados declararon con lugar un recurso de amparo presentado por el periodista Jason Ureña a raíz de una serie de insultos emitidos por el presidente Chaves y la entonces ministra de Salud, Joselyn Chacón.
El tribunal determinó que esas expresiones afectaron la libertad de expresión y podrían estimular el hostigamiento contra periodistas y medios de comunicación.
En el segundo fallo, la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo contra el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives, por violar los derechos fundamentales de tres periodistas del medio de verificación informativa Dobre Check, de la estatal Universidad de Costa Rica, por incumplir la obligación de entregar información pública.
La SIP destacó que la Sala Constitucional estudia otro recurso de amparo presentado por periodistas quienes denunciaron obstrucción a sus labores por parte de fuerzas de seguridad pública.
El informe de la SIP también señala un conflicto entre el Gobierno y la Superintendencia de Telecomunicaciones acerca de la renovación de las concesiones de las frecuencias de radio y televisión.
El documento incluye también un hecho ocurrido el pasado 31 de marzo, cuando el Gobierno impidió el ingreso al país del periodista británico Karl Penhaul por razones de Seguridad.
El Gobierno informó que sobre Penhaul existe una "alerta internacional vinculada con terrorismo".