Familias de detenidos buscan ejercer defensa ante inacción de la Procuraduría salvadoreña

Un grupo de familiares de personas detenidas en el marco del régimen de excepción en El Salvador, vigente desde marzo de 2022 e implementado como medida para combatir a las pandillas, pidieron este jueves a la Fiscalía General realizar diligencias a favor de sus parientes ante la "ausencia de defensa" de la Procuraduría General de la República (PGR).

Estas personas se concentraron al frente de una de las sedes de la Fiscalía, cercana a la capital San Salvador.

Roxana Cardano, abogada y parte de la organización Justicia Social y Contraloría Social, indicó a periodistas que las diligencias solicitadas son la incorporación a los expediente judiciales de los documentos de arraigo y declaración de testigos.

"Esto significa que las familias están adoptando su propia defensa", indicó Cardona y denunció que en la PGR se estaría estigmatizando a los familiares de los detenidos que alegan la inocencia de estos.

También se solicitó a la Fiscalía, según la abogada, que investigue a las personas detenidas porque "va a salir que no son de grupos de pandillas".

"Generalmente quien adopta esta defensa (pública) es la PGR, pero cuando estas personas (detenidos) llegan las estigmatizan y, lejos de establecer una estrategia de defensa, ya los condenan no haciendo ningún tipo de diligencia", subrayó.

Lamentó que la PGR "no está prácticamente ejerciendo el derecho de defensa con las personas víctimas colaterales del régimen", y sostuvo que los casos en los que las familias pueden tener un abogado particular se ve un mayor avance.

Ana Mercedes García fue una de las primeras personas en realizar la solicitud ante el Ministerio Público por el caso de su hijo Carlos Ernesto Martínez, quien lleva dos años detenido y no ha sido liberado a pesar de tener dos ordenes judiciales de libertad.

Dijo que la defensora pública asignada a su caso le ha dicho que no se acerque a preguntar más por el caso, porque "el fiscal ha dado 4 años de investigación".

Denunció que la funcionaria le advirtió: "tanga cuidado con lo que usted habla".

"Siento que es una amenaza que ella me ha hecho", lamentó y manifestó que no tiene certeza si su hijo se encuentra con vida.

El régimen de excepción se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas a manos de las pandillas a finales de marzo de 2022, lo que según investigaciones del medio local El Faro, se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.

En el marco de este régimen, las autoridades reportan más de 79.200 detenciones y las organizaciones humanitarias han recibido más de 6.000 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas.

Las muertes de detenidos bajo custodia estatal superan las 240, mientras que entes como Amnistía Internacional advierten que la violencia de las pandillas se ha visto sustituida por la estatal en las comunidades empobrecidas.