Honduras decomisa 12,000 armas, muchas de ellas procedentes de Nicaragua y El Salvador

Al menos 12.183 armas de fuego de diverso calibre, entre regulares y artesanales, han sido incautadas en Honduras desde 2022, el 71,7 % de ellas durante el estado de excepción, vigente desde diciembre de 2022, informó este viernes el ministro hondureño de Seguridad, Gustavo Sánchez.

"En toda la Administración se han incautado más de 12.000 armas de fuego", de ellas 8.739 durante la implementación del estado de excepción, señaló Sánchez en una rueda de prensa.

Entre las armas incautadas figuran fusiles de asalto AK-47, AR-15, escopetas, lanzagranadas y lanzacohetes, señaló Sánchez, tras anunciar también el decomiso de más de 50.000 proyectiles.

Del total de armas incautadas, 3.691 se decomisaron en 2022, 5.949 en 2023 y 2.543 en lo que va de 2024, según cifras oficiales.

Detalló que el 76 % (9.224) de las armas fueron decomisadas por diferentes faltas de sus propietarios y el 24 % (2.959) fueron utilizadas en algún delito.

El funcionario hondureño señaló que las armas "se sacaron de circulación de hechos delincuenciales y criminales" gracias al estado de excepción, una medida en vigor desde el 6 de diciembre de 2022 para reducir los índices de violencia en el país.

El director de la Policía Preventiva, Miguel Pérez, dijo a periodistas que muchas de las armas incautadas provienen de Nicaragua y El Salvador, mientras que otras fueron sustraídas de depósitos del Ministerio Público.

El Parlamento hondureño aprobó la semana pasada una nueva extensión del estado de excepción, hasta el 9 de junio, período en el que la Policía Nacional y otros entes de seguridad pueden realizar operaciones focalizadas en los municipios considerados más violentos del país.

El Gobierno de Xiomara Castro ha ampliado el régimen de excepción para continuar atacando de “manera frontal a las estructuras criminales vinculadas a los delitos de extorsión, sicariato, tráfico de drogas, lavado de activos, entre otros”, de acuerdo a las autoridades.

En los últimos años ha aumentado la extorsión en Honduras, país donde ese delito ha dejado centenares de muertos y en la ruina a miles de micros, pequeños y medianos empresarios, que tuvieron que cerrar sus negocios, mientras que otros salieron de la nación centroamericana.

Muchas de las víctimas mortales eran conductores del transporte urbano, interurbano y de taxis.

Según sus propias denuncias, algunos micros, pequeños y medianos empresarios son víctimas de extorsión hasta por tres bandas criminales.

En las últimas dos décadas, muchos de esos empresarios que se han negado a pagar el llamado “impuesto de guerra”, extorsión de los pandilleros para permitir que los negocios funcionen, se han visto obligados a cerrar o desplazarse internamente en el país centroamericano.

Grupos formados por jóvenes y adultos, conocidos como 'maras', dominan algunos barrios de Honduras con un modus operandi basado en el asesinato y la extorsión, prácticas a las que se suman la amenaza y la persecución.

Las maras (pandillas) más conocidas son la Salvatrucha (MS-13) y la M-18.