HRW denuncia el arresto de más de 3.000 menores en el régimen de excepción en El Salvador
"Las detenciones se han concentrado en comunidades en las que la población ha sufrido durante años la inseguridad y la falta de oportunidades económicas y educativas", advierte el informe
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La organización Human Rights Watch (HRW) denunció en un informe presentado este martes que más de 3.000 menores fueron detenidos en el contexto del régimen de excepción en El Salvador para combatir a las pandillas, documentando entre ellos 66 casos de jóvenes que han sido objeto de abusos y violaciones a los derechos humanos.
"Desde marzo de 2022 hasta abril de 2024, más de 3.000 menores han sido detenidos, muchos de ellos sin conexión con las operaciones abusivas de las pandillas. Human Rights Watch documentó 66 casos de menores que han sido objeto de abusos como detención arbitraria, tortura y otras formas de malos tratos, y acoso policial", señala el informe.
Bajo el título "'Su hijo no existe aquí': Violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes durante el régimen de excepción en El Salvador", el informe detalla que en los casos documentados, "los menores detenidos reportaron condiciones de detención inhumanas, que incluyen hacinamiento extremo y condiciones antihigiénicas que ponen en riesgo su salud, así como falta de alimentación y de atención sanitaria adecuadas".
Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, remarcó en una conferencia de prensa en San Salvador que algunas de las violaciones a derechos de menores son detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes, golpizas, falta de condiciones básicas, castigos físicos, entre otras.
Expuso ante periodistas el caso de un menor de 16 años -identificado únicamente como Agustín- quien junto con su familia sufrió desplazamiento forzado interno a causa de la violencia de las pandillas y que luego fue capturado en el marco del régimen de excepción y "lo mantuvieron detenido en una celda hacinada".
Relató que al menor, que fue liberado, "lo golpearon otros presos y los guardias no intervenían ante la agresiones que sufría".
"El caso de Agustín es uno de cientos de casos de los que ocurren diariamente en El Salvador bajo el régimen de excepción", dijo la directora de HRW.
Más de 3.300 menores detenidos
De acuerdo con HRW, "si bien las cifras gubernamentales sobre los menores detenidos son inconsistentes", el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina) indicó a las autoridades de Estados Unidos que 3.319 niños fueron detenidos entre marzo de 2022 y diciembre de 2023, con 841 permanecían detenidos en enero de 2024, de los cuales 262 estaban en detención provisional y 579 cumpliendo condena.
"Las detenciones se han concentrado en comunidades en las que la población ha sufrido durante años la inseguridad y la falta de oportunidades económicas y educativas", advierte el informe.
Según Goebertus, "bajo las medidas tomadas por el Gobierno y el régimen de excepción se han cometido en contra de niños y adolescentes en El Salvador por lo menos detenciones arbitrarias y otras graves violaciones al debido proceso, torturas, malos tratos y otros tratos inhumanos y degradantes y proceso de acoso policial".
La activista aseguró que también ha habido un aumento significativo de detenciones de menores pasando de un 26 % en 2018 a un 53 % en 2022.
"Se está priorizando en El Salvador, contrario a estándares internacionales, una decisión carcelaria cuando la obligación internacional es que para los niños y adolescentes la cárcel debería hacer el último recurso", agregó.
De acuerdo con el decreto aprobado, desde marzo de 2022 se han registrado más de 81.100 detenciones bajo el régimen de excepción, por lo que la continuidad de la suspensión de los derechos constitucionales "siguen siendo las necesarias" para "continuar dando seguridad frente a la amenaza de las organizaciones criminales".
El régimen de excepción, que se ha convertido en la principal y única medida contra las también llamadas maras, se colocó como la medida más popular de la primera gestión del presidente Nayib Bukele (2019-2024) y le granjeó su reelección inmediata, pese a la prohibición constitucional.
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