CIDH insta a la Fiscalía guatemalteca a que cese criminalización de actores políticos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó este viernes al Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala a que cese la criminalización en contra de jueces, abogados, periodistas, funcionarios y todos aquellos que luchen contra la corrupción.

Así lo afirmó un informe preliminar emitido por una misión del organismo regional que estuvo esta semana en Guatemala para verificar la situación democrática que atraviesa el país centroamericano.

“La CIDH insta al Ministerio Público a cesar la criminalización contra personas operadoras de justicia, defensoras de derechos humanos, legisladores, periodistas, estudiantes, profesores, integrantes de partidos políticos, funcionarios públicos y así como integrantes de organizaciones indígenas, campesinas y sindicales”, dijo la comisionada de la CIDH, Andrea Pochak, durante una conferencia de prensa esta tarde.

En el mismo sentido, la abogada argentina también recomendó “limitar el uso de la prisión preventiva conforme a los estándares internacionales en la materia”.

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Pochak puso como referencia la situación que vive el periodista José Rubén Zamora Marroquín, encarcelado desde hace dos años sin sentencia, y el fiscal anticorrupción Stuardo Campo, también en prisión preventiva desde 2023.

La misión de la CIDH arribó a Guatemala el pasado 22 de julio tras la invitación del presidente Bernardo Arévalo de León, quien tomó posesión en enero de este año pese a los intentos por evitarlo por parte del Ministerio Público, señalado local e internacionalmente de corromper la Justicia en el país centroamericano.

Durante su estancia en Guatemala, la delegación sostuvo más de 30 reuniones con distintos sectores, incluida la fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos desde 2022 bajo señalamientos de corrupción y de “socavar” la Justicia en Guatemala.

Pochak resaltó de igual forma durante su intervención este viernes la importancia para Guatemala de la elección de la Corte Suprema de Justicia que se llevará a cabo en el presente semestre, y que está en manos de dos comisiones de postulación y del Congreso.

La comitiva de la CIDH en Guatemala estuvo comandada por la abogada estadounidense Roberta Clarke, secundada por los vicepresidentes Carlos Bernal y José Luis Caballero, entre otros diplomáticos.

Durante las presidencias de Jimmy Morales (2016-2020) y Alejandro Giammattei (2020-2024), más de un centenar de personas, entre fiscales, periodistas, activistas y jueves, tuvieron que salir al exilio ante la persecución judicial promovida por la Fiscalía.

Precisamente la semana pasada el alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Turk, visitó Guatemala y calificó como “preocupante” que el sistema de justicia sea utilizado para criminalizar a quienes “intentan combatir la corrupción”.

El caso de Zamora Marroquín es uno de los más emblemáticos, ya que en tres días cumplirá dos años en prisión preventiva, tras su detención el 29 de julio de 2022, solo cinco días después de lanzar fuertes críticas en contra de Giammattei y su pareja sentimental en aquel momento, el exfuncionario Miguel Martínez, también sancionado por EEUU con la Ley Magnitsky.