¿CÓMO ES POSIBLE PERDER EL RASTRO DE 10.000 NIÑOS?

10.000 niños refugiados han desaparecido en Europa. 10.000 niños que pueden estar siendo violados, prostituidos, esclavizados en manos de una nueva organización criminal paneuropea de tráfico de personas. ¿Y qué se le ocurre al Consejo de Ministros de la Unión Europea? Preparar una normativa para criminalizar a ONGs y a voluntarios que presten ayuda humanitaria a los refugiados. A los que llegan vivos, pues siguen flotando pequeños cadáveres en el Mediterráneo. Según Save the Children, en 2015 entraron en Europa 26.000 niños sin acompañantes. 5.000 de los niños que llegaron solos han desaparecido en Italia. 1.000, en Suecia. Que sepamos. Europol confirma tener pruebas de que muchos de ellos están siendo esclavizados y explotados sexualmente. Pero, ¿esto qué es? Es insoportable.

Un país como Dinamarca ha decidido confiscar a los refugiados todo el dinero que posean por encima de los 1.340 euros; también las joyas que no tengan “valor sentimental”, como las alianzas matrimoniales: una broma de tan mal gusto que produce nauseas. Países como Suecia, Holanda y Finlandia han anunciado deportaciones masivas. Todas ellas eran naciones referentes, en las que nos mirábamos, con las que nos comparábamos, como las que aspirábamos a convertirnos. Admirábamos sus servicios públicos, su organización social, sus escuelas. ¿Qué están haciendo ahora por los niños solos? ¿Por qué no están funcionando sus modernos medios de protección? Los funcionarios de la ciudad sueca de Trelleborg dicen que se ha perdido el rastro de los 1.000 niños refugiados que en octubre llegaron solos hasta allí. Pero, ¿cómo es posible algo así? ¿Es concebible que las autoridades de una ciudad sueca pierdan el rastro de 1.000 niños, que no sepan dónde están? Pero, ¿en qué cabeza cabe?, ¿qué locura es esta?

Statewatch es una organización de voluntarios creada por abogados, periodistas, académicos, investigadores y activistas comunitarios de 18 países con el objetivo de fomentar un periodismo de investigación al servicio de la justicia, la libertad y la transparencia. Su director, Tony Bunyan, advierte de que las propuestas del Consejo de Ministros “criminalizarían a las ONG, a los residentes y voluntarios que trabajan heroicamente para dar la bienvenida a los refugiados en un momento en que las instituciones europeas no están haciendo absolutamente nada”.

Es el colmo: las instituciones no solo no hacen su trabajo sino que pretenden impedir que se lo hagan los ciudadanos de los que más orgullosas debieran sentirse. Si los niños que han llegado solos a Europa, huyendo de las bombas, de la orfandad, del terror, hubieran sido recibidos y tutelados por las personas que ahora pueden ser criminalizadas por su humanitarismo, no estarían “perdidos”. Resulta espeluznante que las instituciones hayan perdido el rastro de 10.000 niños, que estarían a salvo bajo la custodia de las organizaciones y personas humanitarias. Y en el caso de aprobar esa repugnante normativa, la Unión Europea no solo omitirá su deber de asilo y protección, sino que pasará por alto la exención de la que disfrutan las agencias de cooperación y los propios cooperantes ante las posibles acusaciones de complicidad con los contrabandistas de personas. De esta manera, la propia Europa se convertiría en cómplice de los peores: los que de verdad trafican con niños.

Porque la pregunta ahora ni siquiera es ya qué hacer con ellos, sino dónde están, cómo es posible que no sepamos dónde están. Cómo es posible perder de vista a 10.000 niños.

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