Presentan caso contra Morales ante Corte Penal Internacional en Bolivia
Un equipo jurídico de París, Francia, informó que la Corte Penal Internacional (CPI) recibió una denuncia contra el expresidente de Bolivia Evo Morales por crímenes contra la humanidad, terrorismo de estado y otros delitos, reporta este martes 10 de diciembre la prensa boliviana.
Los periódicos La Razón y Página Siete informaron que el caso fue preparado por el estudio jurídico en París de Alfonso M. Dorado y presentado a la CPI el pasado 30 de noviembre, a nombre de víctimas que por ahora mantienen en reserva su identidad.
Dorado publicó en un mensaje de Twitter los facsímiles de varios de los documentos, entre ellos un comunicado de prensa y la constancia de que el caso fue recibido en la Corte Penal de La Haya.
El comunicado de prensa de Dorado, fechado el 6 de diciembre, explica que la denuncia es sobre un "ataque generalizado, coordinado y organizado entre el 27 de octubre y el 20 de noviembreentre el 27 de octubre y el 20 de noviembre" en Bolivia a raíz del fraude electoral del 20 de octubre y tras la renuncia de Morales a la presidenciala renuncia de Morales a la presidencia.
“Han vulnerado claramente derechos fundamentales de los ciudadanos bolivianoslos ciudadanos bolivianos entre ellos: asesinatos selectivos con franco-tiradores, emboscadas, violaciones y agresiones sexuales, toma de rehenes, tortura física y psicológica, terrorismo de estado, interrupción del acceso a los alimentos así como agua a ciertas ciudades”, informó.
Dorado solicita a la CPI examinar la información presentada por la víctimas con el fin de que los autores y sus cómplices de estos crímenes “contra la humanidad sean juzgados ante la justicia penal internacional”.
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En otro documento que publica el jurista se mencionan como “coautores” de la comisión de los presuntos delitos al exvicepresidente Álvaro García, y los exministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; de Gobierno, Carlos Romero; de Defensa, Javier Zavaleta, y de Culturas, Wilma Alanoca, además del asambleísta Gustavo Torrico.
El documento de La Haya advierte que la aceptación de la demanda no implica que se haya abierto una investigación ni que pueda abrirse tal investigación por la Oficina del Fiscal.