Dura ley migratoria en La Florida que afectará a nicaragüenses “indocumentados”, podrían ser expulsados a otros estados

A partir de este 1 de julio los migrantes nicaragüenses y de otras nacionalidades que no tengan forma de demostrar que se encuentran legal en Estados Unidos podrían ser expulsados a otros estados tras la aprobación del proyecto de ley SB 1718, una Ley Antiinmigrantes aprobada en La Florida que entre otras ordenanzas estipula la prohibición a los condados y municipios que provean a cualquier persona documentos de identificación como licencias de conducir entre otros. 

Además, establece penas de hasta 15 años a quien transporte a La Florida a personas de modo irregular y la aplicación de multas para los empleadores que contraten a personas indocumentadas, de igual manera este programa incluye fondos de $12,000,000.00 para el traslado de inmigrantes a otros estados del país.

La doctora Nohelia Ramos, experta en temas de inmigración explicó en Hispanic Conexión programa transmitido por 100%Noticias que ésta y todas las leyes migratorias son federales en Estados Unidos, y en el caso de esta nueva iniciativa es ambigua porque no está del todo clara.

La experta recordó que la mayoría de la población migrante que ha entrado  a La Florida en los últimos años pertenece a países como Nicaragua, Cuba y Venezuela y de ser movidos a ciudades como New York lejos de su familia sin duda alguna les afectaría.

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“Desde el inicio en la Ley hay que notar lo siguiente: cuando ellos llaman a una persona indocumentada, bueno, hay muchas personas que están aquí indocumentadas, sin embargo, el propio ICE las liberó para que lleven su proceso desde afuera y se presente en Corte porque tiene su derecho, sigue siendo indocumentada, pero lleva un proceso migratorio”, apunta.

Para Ramos, el peligro de esta nueva Ley es que no hace diferencia entre el migrante que llegó de forma irregular a Estados Unidos y las personas que son indocumentadas porque hay un proceso migratorio en curso y posiblemente se encuentra a la espera de una respuesta tras solicitar asilo.

“Recordemos que una persona que entra con visa de turista y a los seis meses se le vence esa persona está fuera de estatus legal, quedó sin visa entonces hay una ambigüedad en la Ley”, Ramos considera que hay mucha tela por cortar en torno a esta medida.

Añade que la medida conlleva a la cancelación de documentos oficiales como licencias de conducir “sabemos que en otros estados como California se expide una licencia de conducir de California y la persona trae esa licencia a California aunque las leyes que regulan las licencias de conducir son estatales, cada estado tiene su discreción o soberanía” aclara. 

Sobre este punto, la doctora Ramos explica que actualmente se da un plazo para que la persona con licencia de otro estado adquiera su nueva licencia de La Florida, pero con esta nueva Ley que se ordena es a la Policía estatal que tampoco extienda licencia de este estado. “Y ningún otro documento pedido fuera de La Florida será reconocido”, explica.

Esta nueva ley ha causado temor entre la población migrante, y solo se espera que en las próximas horas el gobernador estatal, Ron DeSantis, promotor de la medida, firme la ley. 

La ley en resumen 

Los puntos clave de la ley que entrará en vigor el 1 de julio próximo son los siguientes:

Requiere que las empresas con más de 25 empleados usen a la hora de contratar trabajadores el programa E-verify para determinar su estatus migratorio y establece multas para los infractores.

Obliga a los hospitales que aceptan el seguro público Medicaid y a los departamentos de emergencias a recopilar datos sobre el estado migratorio de los pacientes.

Hace que el transporte de personas al estado de Florida sin un estatus migratorio sea un delito punible con hasta 15 años de prisión.

Prohíbe la financiación de programas de ciudades y condados para dar tarjetas de identificación a migrantes.

No reconoce las licencias de conducir emitidas legalmente por 16 estados y el Distrito de Columbia a los conductores sin un estatus migratorio regulado.

Elimina exenciones de cuotas de matrícula para estudiantes inmigrantes indocumentados.

Deroga la ley que permite ejercer la abogacía a los abogados que todavía están regulando su estatus migratorio.

Requiere que las agencias de aplicación de la ley recolecten muestras de ADN de personas que no poseen un estatus migratorio regulado y están detenidas bajo una solicitud de detención federal.