Juez en Texas mantiene parole humanitario para ciudadanos de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití
Un juez federal desestimó este viernes una demanda entablada por Texas y otros 19 estados republicanos contra un programa humanitario del Gobierno del presidente Joe Biden que otorga alivio migratorio a ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.
El juez Drew Tipton, en el distrito federal del Sur de Texas, dijo en su fallo que los estados demandantes no demostraron que “sufrieron un perjuicio” por el programa establecido a finales de 2022.
En enero de 2023 los fiscales generales de Texas y otros 19 estados - incluidos Florida, Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas y Kentucky – demandaron al Gobierno Biden argumentando que el programa permitirá la llegada de cientos de miles de migrantes a zonas de EE.UU. que ya están "sobrecargadas" y los obliga a gastar millones en atención médica, educación y seguridad pública.
Los querellantes añadieron que con esta iniciativa el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) abusa de su autoridad para conceder permisos humanitarios en una ampliación del programa que ya existía para los venezolanos desde octubre de 2022.
En su demanda, los fiscales estatales argumentaron que ese plan perjudica a varios estados, como Texas, "que gasta cantidades significativas de dinero para proporcionar servicios a extranjeros ilegales, debido a las violaciones del Gobierno federal al rechazar aplicar la ley federal".
También pusieron el ejemplo de Florida, que, alertaron, "quedará perjudicada de forma irreparable" por este programa, porque ya se gasta "recursos estatales significativos" para proporcionar servicios a los migrantes indocumentados que acoge.
“La evidencia muestra que después que los programas de libertad condicional entraron en vigencia, los cruces fronterizos de personas de los cuatro países (Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela) disminuyeron”, escribió el juez en su fallo.
El juez Tipton había escuchado los argumentos de las dos partes en agosto pasado y se demoró casi siete meses en dar su veredicto, que puede ser apelado por los demandantes.
La decisión supone una sorpresa ya que el juez Tipton, designado en 2020 por el entonces presidente Donald Trump (2017-2021), ha emitido varios fallos contrariando la política del Gobierno de Biden en materia migratoria.