Supremo de Estados Unidos da vía libre a Texas para detener y expulsar a migrantes

La Corte Suprema ha allanado el camino para que Texas comience de inmediato a hacer cumplir una polémica ley de inmigración que permite a las autoridades estatales arrestar y detener a personas sospechosas de ingresar ilegalmente al país.

Esta decisión, tomada el martes, se produce a pesar de la disidencia de los tres jueces liberales de la corte.

Aunque los desafíos legales contra la ley continúan en un tribunal federal de apelaciones, esta resolución otorga una victoria provisionalmente significativa a Texas, que ha estado inmerso en una disputa en curso con la administración Biden sobre las políticas de inmigración.

Anteriormente, el tribunal había impedido la entrada en vigor de la ley al emitir una suspensión indefinida el lunes, la cual fue levantada por la orden emitida el martes.

La ley en cuestión, conocida como Proyecto de Ley del Senado 4, fue promulgada por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, en diciembre pasado.

Desde entonces, ha generado preocupación entre los defensores de los derechos de los inmigrantes debido al temor a un aumento en los perfiles raciales, así como a detenciones y deportaciones por parte de las autoridades estatales de Texas, en un estado donde los latinos representan el 40 % de la población.

La ausencia de explicación por parte del tribunal sobre su razonamiento es común en casos de solicitudes de emergencia. Sin embargo, la jueza Amy Coney Barrett, en una opinión concurrente a la que se unió el juez Brett Kavanaugh, señaló que la orden del tribunal de apelaciones era solo "administrativa" y temporal.

La jueza liberal Sonia Sotomayor, en su disidencia, expresó su preocupación de que la orden "invite a un mayor caos y crisis en la aplicación de la ley de inmigración". Sotomayor argumentó que la ley de Texas desequilibra el poder entre el gobierno federal y los estados, socavando la autoridad exclusiva del gobierno nacional sobre la entrada y expulsión de no ciudadanos.

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"Texas ahora puede aplicar de inmediato su propia ley, imponiendo responsabilidad penal a miles de no ciudadanos y exigiendo su expulsión a México", escribió Sotomayor.

"Esta ley interrumpirá las relaciones exteriores sensibles, frustrará la protección de personas que huyen de la persecución, obstaculizará los esfuerzos activos de aplicación federal, socavará la capacidad de las agencias federales para detectar y monitorear amenazas inminentes a la seguridad, y disuadirá a los no ciudadanos de denunciar abusos o tráfico".