México advierte que no aceptará a migrantes repatriados por la ley SB4 de Texas
El gobierno de México afirmó en un comunicado que no acogerá a migrantes que sean deportados debido a la nueva ley de inmigración de Texas.
El gobierno de México reaccionó de inmediato ante la entrada en vigor, aunque breve, de la ley SB4 de Texas el martes, advirtiendo que no recibiría a migrantes expulsados bajo la controvertida normativa "bajo ninguna circunstancia".
Leer mas: Tribunal de apelación bloquea otra vez la ley de Texas para detener y expulsar a migrantes
Así lo expresó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado en el que reconoce la importancia de una política coherente en materia migratoria y los esfuerzos bilaterales con ese país para garantizar que la migración sea segura, ordenada y respetuosa de los derechos humanos, y no se vea afectada por decisiones legislativas estatales o locales.
La Cancillería mexicana cuestionó las disposiciones legales que vulneran los derechos humanos de los más de 10 millones de personas de origen mexicano que residen en Texas, pues esto fomenta ambientes hostiles en los que la comunidad migrante está expuesta "a expresiones de odio, discriminación y prejuicios raciales".
“México reitera su legítimo derecho a proteger los derechos de sus nacionales en Estados Unidos y a establecer sus propias políticas de ingreso a su territorio”, señaló la Cancillería.
La ley texana, una de las medidas antiinmigrantes más severas en la historia de Estados Unidos, convierte en delito estatal el ingreso o intento de ingreso irregular de un extranjero al estado desde un país extranjero. La infracción se considera un delito grave, castigable con hasta 20 años de prisión en caso de reincidencia.
La iniciativa también autoriza a la justicia estatal a ordenar la deportación de personas sin un proceso legal. Además, los agentes de policía pueden arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ingresó ilegalmente al país y tienen la facultad discrecional de deportarlo a México en lugar de arrestarlo.
La Casa Blanca también criticó este martes la decisión de la Corte Suprema que permitió que la normativa entrara brevemente en vigor antes de que fuera suspendida nuevamente por un tribunal de apelaciones.
En un comunicado, la portavoz del gobierno de Joe Biden, Karine Jean-Pierre, calificó la legislación de "inconstitucional".
La normativa "no solo pondrá en riesgo a las comunidades en Texas, sino que también será una carga para las autoridades locales, generará caos y confusión en nuestra frontera sur", señaló.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca agregó que la legislación, aprobada por el Congreso estatal de Texas el año pasado, es un ejemplo de "politización de la frontera por parte de los republicanos".
La organización Human Rights Watch también denunció en un comunicado que la SB4 otorga poderes desproporcionados y excesivos para hacer cumplir la ley de inmigración a las fuerzas del orden estatales y locales.
“Los gobiernos nacionales tienen derecho a regular sus fronteras siempre y cuando respeten las leyes internacionales de derechos humanos y refugiados”, dijo Bob Libal, representante de Texas de la organización. “Pero permitir que Texas continúe con su draconiano sistema de criminalización y deportación de solicitantes de asilo es una receta para el caos y el abuso”.
El representante Joaquín Castro, demócrata por Texas, acusó al tribunal de extralimitarse.
“La SB 4 es una extralimitación estatal alarmante que probablemente resultará en violaciones masivas de los derechos civiles en todo nuestro estado.
En un momento de creciente violencia anti-hispana, esta ley pone un objetivo en la espalda de cualquier persona que las autoridades perciban como un inmigrante o parezca un inmigrante”, expresó en un comunicado.
Los grupos de inmigración también advirtieron de los riesgos tanto para los ciudadanos como para los indocumentados.