Migración y extranjería de Costa Rica colapsado por solicitudes de refugio, el 90% son nicaragüenses

Las solicitudes de refugio de exiliados nicaragüenses en Costa Rica duran en promedio 585 días, casi dos años, pero el sistema está colapsado y hay exiliados que han esperado hasta seis años para conseguir un refugio, según informa el diario La Nación de Costa Rica.   

El preocupante dato lo revela la Contraloría de Costa Rica, que llama la atención a las oficinas de la Dirección de Migración y Extranjería, DGME, obligada por el artículo 200 de la Ley General de Migración y Extranjería, A resolver las solicitudes de refugio en un período máximo de tres meses. 

Según el artículo, “el 90% de las solicitudes de refugio son presentadas por personas originarias de Nicaragua. El resto, principalmente, proviene de ciudadanos de Venezuela, Colombia y Cuba, afirmó la jefa de la Unidad de Refugio de Migración, Cindy Molina Mora”, informa La Nación. 

En el informe se detalla que la Contraloría calculó que, entre el 1.° de enero de 2017 y el 31 de octubre de 2023, sólo el 14,58% de las 18.664 solicitudes resueltas durante ese período cumplieron con el plazo de tres meses indicado en la ley. 

“En promedio, las peticiones tardaron 585 días en llegar a una conclusión; incluso, 16 casos se resolvieron después de 2.190 días (6 años). El servicio a los solicitantes actualmente lo ofrecen seis funcionarios de la Unidad de Refugio y 22 profesionales cedidos por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)”, indica el preocupante reporte. 

La Unidad de Refugio de Migración espera que en el transcurso de junio 2024, se integren otros siete funcionarios. 

Marta Vindas González, directora de la DGME desde junio de 2023, dijo a La Nación que el colapso se debe a la falta de una estrategia institucional para atender el aumento de solicitudes. Esto causó la acumulación de casos, especialmente a partir de 2018, cuando se incrementaron las aplicaciones de personas provenientes de Nicaragua quienes huían de la violencia política del régimen de Daniel Ortega. 

El terror de familias enteras por la violenta represión que devino en 355 asesinatos de la dictadura, ocasionó un éxodo para el cual Costa Rica no estaba lista.

“No tengo conocimiento de que se haya implementado una estrategia para atender ese aumento de esta lista de espera durante estos años”, dijo Vindas a La Nación. 

La jefa de la Unidad de Refugio, Cindy Molina Mora, dijo al medio costarricense, que se cambió la forma de atención para ordenar la cantidad de personas en la plataforma y que los solicitantes puedan esperar el menor tiempo posible. Agregó que, si bien se limitó la atención a tres días, se aumentaron en 10 las citas diarias respecto a las atendidas durante los cinco días de la semana.

“Lo que se hizo fue redistribuir la cantidad de citas para esos días, para que jueves y viernes las personas que van a hacer trámites varios se presenten a refugio sin necesidad de una cita. Antes de hacer esta modificación de horario los usuarios venían tanto a primera vez como trámites varios prácticamente todos los días, entonces, la gente a veces venía a presentar un comprobante de huellas y tenía que esperar desde las 7 a. m. hasta las 11 a. m. para que le recibieran este documento, ahora si vienen jueves y viernes a presentar ese documento la espera es mucho menor; podríamos decir que de media hora a una hora para entregar”, argumentó la funcionaria. 

Molina explicó que debido a la falta de personal, tuvieron que ajustar la cantidad de personas que se atienden y negó que se haya actuado de manera arbitraria, después de que la Contraloría señalara en el informe. 

“No sé si la Contraloría no nos entendió cuando nosotros les explicamos; teníamos menos recursos y entre menos recursos tengamos, obviamente menor va a ser la capacidad de atención”, agregó. 

La jefa de refugio también indicó que ya cuentan con un ingeniero industrial que hará las mediciones de
tiempo para poder adecuar las citas y poder contar con el sustento técnico que les exigió el ente fiscalizador.

La Contraloría señaló a la DGME que a partir de una revisión de los instrumentos internacionales sobre la materia y de la legislación nacional, “no se evidenció una norma expresa que indique que se puede limitar el acceso al servicio de otorgamiento de la condición de refugiado en observancia de los derechos humanos y convenios internacionales”.

El ente resaltó la existencia de “una ineludible obligación de cumplir el derecho que ostentan las personas para solicitar el asilo o refugio” e indicó a la Unidad de Refugio de la DGME que “deberá recibir y procesar todas las solicitudes de la condición de refugiado, garantizar el acceso, el debido proceso y la no devolución, estableciendo los procedimientos, regulaciones o mecanismos de conformidad con el ordenamiento internacional”.

La contraloría concluyó que entre los años 2017 y 2023, el personal pagado por ACNUR, agencia de las Naciones Unidas (ONU) para los refugiados, siempre fue mayor que los funcionarios asignados por el Estado costarricense.