Desterrados: Denegación de EEUU a refugio coinciden con injusta acusación, 59 afectados, piden apoyo a ACNUR
Al menos 37 casos de excarcelados nicaragüenses desterrados a Guatemala fueron rechazados por el gobierno de Estados Unidos a través del programa Movilidad Segura. La ex prisionera Mariela Campos detalló que 59 personas se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema. Al mismo tiempo, solicitaron a ACNUR mantener el alojamiento, alimentación y servicios de salud mientras no sean reasentados.
En un vídeo publicado en redes sociales, Campos explicó que 37 titulares, que representan 22 núcleos familiares para un total de 59 personas, fueron afectados tras recibir una respuesta de rechazo en su solicitud de reasentamiento a Estados Unidos.
“Desde septiembre del 2024, 135 nicaragüenses fuimos expulsados de Nicaragua al país de Guatemala bajo el acuerdo internacional promovido por Estados Unidos, el gobierno de Guatemala, OIM y ACNUR. Nuestro objetivo era claro: una permanencia temporal en Guatemala con fines humanitarios mientras se definía un proceso de reasentamiento en un tercer país, huyendo de la persecución y el peligro en Nicaragua”, expresó.
Según Campos, a pesar de cumplir con el proceso establecido por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que gestionaron el proceso de refugio, sus casos fueron denegados, lo que los deja en una situación de vulnerabilidad.
“A pesar de cumplir con el proceso establecido por OIM y ACNUR para gestionar refugio en Estados Unidos, al día de hoy 37 titulares, 12 esposas y 13 niñas y niños están en una situación de vulnerabilidad extrema”.
Lamentan que las razones de dichas denegaciones coincidan con las mismas acusaciones injustas que los llevaron a ser perseguidos y encarcelados en Nicaragua. “Esto perpetúa la narrativa de la dictadura. Por ello, rechazamos enfáticamente estas resoluciones tras analizar nuestra situación de manera colectiva”.
Entre las principales preocupaciones se encuentran casos de separación familiar, en los que solo parte de los miembros ha sido aceptada en procesos de reasentamiento. Además, se reporta que una persona del grupo ni siquiera figura en los registros oficiales de OIM y ACNUR, sin recibir respuesta hasta la fecha.
Por su parte, la excarcelada política Gabriela Morales dijo que cuatro personas fueron notificadas de su rechazo únicamente de manera verbal.
También informaron que ACNUR les notificó el desalojo inminente de los hoteles donde están hospedados, sin ofrecer alternativas seguras. Otra preocupación crítica es el manejo de información personal sin el consentimiento de los afectados. Según los desterrados, esta falta de control y transparencia los expone a riesgos adicionales.
“Una de nuestras mayores preocupaciones es el manejo de nuestra información personal por diferentes personas y organizaciones sin nuestro consentimiento. Esta falta de control y transparencia nos expone a un riesgo innecesario, lo cual agrava aún más nuestra situación de vulnerabilidad. Pedimos respeto por nuestra privacidad y que cualquier decisión o manejo de datos sea consultado directamente con nuestra comisión”, expresó Morales.
Anunciaron que crearon una comisión representativa que se encargará de exponer sus demandas y gestionar el diálogo con ACNUR, OIM y otras organizaciones.
Informaron que enviaron una carta a la directora de ACNUR en Guatemala en la que solicitan que mantenga el alojamiento, alimentación y servicios de salud mientras no sean reasentados, respeto a su derecho de decidir libremente dónde tramitar su solicitud de refugio, así como un trato digno y respetuoso acorde con los estatutos internacionales de derechos humanos.
Explicaron que están buscando asesoría legal para apelar la resolución de denegatorias, limpiar su imagen y garantizar su dignidad mientras permanezcan en Guatemala.
“Hacemos un llamado a todas las organizaciones solidarias y comprometidas con los derechos humanos. Únanse a nuestra causa y trabajemos juntos para garantizar nuestras necesidades básicas y nuestros derechos a un futuro digno. Respeten nuestra autonomía, nuestra privacidad y la gestión de nuestra información. Somos protagonistas de nuestra propia historia y exigimos que nuestras voces sean escuchadas. Juntos, con dignidad y valentía, seguiremos luchando por nuestros derechos”.
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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo excarceló y desterró a 135 presos políticos de Nicaragua a Guatemala el 5 de septiembre de 2024. Fue la quinta excarcelación y destierro de presos políticos que la dictadura sandinista realiza desde febrero de 2023, pero es la primera vez que no divulga su lista oficial.
La dictadura incluso ordenó la anulación inconstitucional de su nacionalidad y la confiscación de sus bienes, sin detallar sus nombres.