Niegan acceso a medicamentos y atención médica a activista y presa política Esperanza Sánchez
El martes 24 de marzo, la activista y presa política María Esperanza Sánchez sufrió un ataque de asma y una crisis de presión alta mientras se encontraba recluida en la cárcel de mujeres “La Esperanza”. A la activista se le ha negado reiteradamente el derecho a recibir atención adecuada y medicamentos, además de cualquier tipo de protección o medidas de seguridad frente a la pandemia Covid-19, siendo ella una paciente de alto riesgo de sufrir complicaciones en caso de un contagio. Por presión de las otras reclusas, la activista fue llevada a valoración y diagnosticada con bronquitis.
Según denuncia su familia, desde el momento de su detención en enero de este año, María Esperanza ha sido objeto reiterado de torturas, trato cruel e inhumano con el objetivo de forzarla a aceptar los delitos de tráfico de drogas que se le imputan.
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La activista padece hipertensión arterial y asma cardíaca, así como problemas de coagulación debido a una trombosis coronaria que sufrió hace años, por lo que las torturas y las inhumanas condiciones de privación de libertad que enfrenta hacen temer por su estado de salud, la cual ha empeorado en los últimos días.
Ella había participado del activismo cívico desde abril de 2018, cuando estalló la crisis socio-política que sigue vigente en el país. Fue parte del Movimiento 19 de Abril de Matagalpa y más tarde del Movimiento Cívico 19 de Abril – Matagalpa y de la Unidad Azul y Blanco (UNAB).
La policía pretende imputarle cargos por tráfico de drogas que ella niega. Según han advertido varias organizaciones de derechos humanos nicaragüenses, esta parece haberse consolidado como una estrategia del Estado para criminalizar a personas activistas, encarcelarlas y negar su condición de presas políticas.
Desde la IM-Defensoras denunciamos la negación al derecho a la salud, exigimos el cese inmediato de los actos de tortura y trato cruel e inhumano contra María Esperanza y hacemos responsable al Estado nicaragüense de su vida e integridad física, psicológica y emocional.
Asimismo, exigimos su liberación y el del resto de personas políticas que siguen privadas de libertad en Nicaragua.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se mantenga alerta sobre lo que sucede en Nicaragua, donde la crisis iniciada en abril de 2018 persiste mientras el Gobierno sigue vulnerando los derechos fundamentales de la población y exponiendo a activistas, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos a un contexto de amenazas, hostigamiento, ataques y limitaciones al ejercicio de su labor.