Human Rights Watch denuncia que el régimen de Daniel Ortega intenta ocultar “las consecuencias de su vergonzosa actuación” en Nicaragua

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Junio 23, 2020 03:20 PM

Este martes la organización  Human Rights Watch denunció que en Nicaragua el régimen de Daniel Ortega intentar ocultar “las consecuencias de su vergonzosa actuación” frente a la crisis sanitaria, esto mediante a sus acciones de intimidación como el despido de médicos en represalia por expresar su opinión profesional sobre el manejo inadecuado de la emergencia de salud en el país.

“Al despedir de manera arbitraria a médicos y otros profesionales de la salud durante la pandemia, el régimen de Ortega demuestra que le importa más silenciar la crítica de estos profesionales que proteger la vida y la salud de los nicaragüenses”, destacó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Primero la dictadura optó por el negacionismo y la demagogia. Hoy, Ortega-Murillo esconde cifras de contagios y muertos por Covid, y persigue y despide a los médicos que denuncian el desastre que está dejando el virus en Nicaragua. Nuestro informe👇 https://t.co/FuLtcmwbV5 — José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) June 23, 2020

Asimismo, el organismo a través de un comunicado advirtió que este tipo de acciones “agravan la fragilidad de la infraestructura de salud pública de Nicaragua, limitando su capacidad de hacer frente a la propagación de la Covid-19”.

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Según este organismo, que documentó cinco casos de médicos despedidos. Los que expresan que se trata de una medida arbitraria, sin justificación, y que es interpretada como parte de la política represiva de la dictadura Ortega Murillo, quienes, en la crisis sanitaria del coronavirus, buscan ocultar toda información que revele la magnitud del impacto del Covid-19 en el país, producto de su resistencia a implementar las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Médicos que en su mayoría son especialistas, han sido despedidos del sistema de salud pública nicaragüense en las últimas dos semanas, según las denuncias de organizaciones médicas independientes y organismos defensores de derechos humanos.

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