“COVID-19 en Nicaragua ha resultado en mayores restricciones en el espacio cívico y democrático” denuncia Alta Comisionada Michelle Bachelet
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet, denunció que la crisis de salud causada por COVID-19 en Nicaragua “ha resultado en mayores restricciones en el espacio cívico y democrático”.
Según Bachelet, el régimen de Daniel Ortega mantiene un discurso de estigmatización en contra de las personas que critican la respuesta del Estado o difunden información que contradice las fuentes oficiales.
La Alta Comisionada denunció ante el Consejo de Naciones Unidas que hay poca transparencia y falta de claridad en la información pública sobre los casos COVID-19. “Aunque el Gobierno ha indicado que ha estado trabajando para fortalecer la salud pública, la salud comunitaria, haciendo visitas de casa en casa para detectar casos, algunas medidas gubernamentales no cumplen con las recomendaciones de la OMS, la OPS y la comunidad médica nicaragüense, especialmente respecto al distanciamiento físico”.
El informe sobre Nicaragua recoge el despido de al menos 16 médicos “sin respetar los procedimientos legales, por criticar la respuesta del Estado a la pandemia”.
La funcionaria reiteró que el régimen de Daniel Ortega persiste en las violaciones de los derechos humanos contra aquellos opositores, incluidos defensores de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y ex detenidos políticos.
Entre marzo y junio de este año, la Oficina de la Alta Comisionada documentó 43 denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos, entre las que se destacan registros de viviendas sin orden judicial, arrestos y detenciones arbitrarias, amenazas, hostigamiento e intimidación por parte de la sancionada policía sandinista.
Según Bachelet, sobre estos hechos todavía no hay investigaciones ni procedimientos penales para identificar, enjuiciar y castigar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos ocurridas en los últimos dos años.
La Alta Comisionada fue enfática al señalar estos actos persistentes aumenta la impunidad erosiona la confianza en las autoridades y, junto con la falta de reformas legales e institucionales, aumenta el riesgo de nuevas violaciones de los derechos humanos.
En su informe, la funcionaria recogió los ataques con armas de fuego que dejaron cuatro indígenas muertos y dos heridos en el territorio de Tuahka, en la Región Autónoma de la Costa del Caribe Norte, así como los arrestos arbitrarios el 20 de abril en Esquipulas, en la isla de Ometepe, que dejaron al menos a dos residentes y tres policías heridos.
La Alta Comisionada advierte que la pandemia podría agravar esta situación, afectando los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo nicaragüense, particularmente los más vulnerables.
“Pido al Gobierno que sea más abierto al diálogo con la sociedad civil y a la cooperación con las Naciones Unidas y el sistema interamericano”, puntualizó Bachelet.