Alianza Cívica: Ley de Agentes Extranjeros criminaliza y persigue a organizaciones democráticas en Nicaragua

A través de un comunicado la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia repudió la iniciativa de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros que los diputados sandinistas presentaron en representación del régimen de Daniel Ortega “repudiamos enérgicamente la iniciativa de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros presentada por el régimen que sigue creando leyes, delitos y penas en contra de organizaciones, personas naturales, medios de comunicación, defensores de derechos humanos y el pueblo de Nicaragua” cita la misiva.

De igual manera destacan que “los nicaragüenses no contamos con un Estado de Derecho, tampoco contamos con funcionarios probos que estén al servicio de las leyes y la Constitución Política. Vemos con gran preocupación que se siga el camino del uso indebido de las instituciones y las leyes con la intención de criminalizar a opositores basándose en fines políticos y no jurídicos, así como el control indebido sobre el sistema financiero”.

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Asimismo, señalan que dicha iniciativa es un instrumento más de la dictadura para seguir hostigando y persiguiendo a opositores “hacemos un llamado a las organizaciones sociales, gremiales, de ayuda humanitaria y de cooperación al desarrollo humano locales, a denunciar esta iniciativa que los amenaza y castiga con cárcel. A esto se suma la persecución mediante el terrorismo fiscal que se ha venido utilizando en contra de medios de comunicación independientes, personas naturales, para cercenar el derecho a la libertad de comunicación y prensa”.

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Por su parte el director ejecutivo de la Alianza Cívica Juan Sebastián Chamarro a través de un video señaló que “en un nuevo zarpazo contra las libertades publicas la dictadura va aprobar una ley que establece controles, en contra de organizaciones, personas naturales o jurídicas, trabajando en temas sociales, humanitarios o políticos que tengan relación con el exterior a registrarse como agentes externos” señala Chamorro.

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Según Chamorro el régimen de Daniel Ortega le da el poder al Ministerio de Gobernación de confiscar a cualquier agente externo si este considera que las prácticas que se están realizando sean contrarias a ley y así perder todas sus libertades políticas.

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