OACNUDH sostiene que Ley de Regulación de Agentes Extranjeros no cumple con estándares internacionales

La Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central, Panamá y República Dominicana (OACNUDH) aseguró que la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, aprobada en la Asamblea Nacional no cumple con los estándares internacionales. 

“Lamento que el Estado de Nicaragua no hubiera tomado en cuenta nuestras observaciones ni accedido a nuestro ofrecimiento de brindar asistencia técnica a la Asamblea Nacional con el propósito de alinear el proyecto de ley con los estándares internacionales en materia de derechos humanos”, declaró Alberto Brunori, Representante de la Oficina Regional, en alusión a la comunicación que envió al Ministerio de Relaciones Exteriores el pasado 25 de septiembre.

🔴#Nicaragua - @OACNUDH expresa su preocupación sobre la aprobación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros.

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Según OACNUDH, la ley aprobada impondrá restricciones indebidas a personas naturales y jurídicas que reciban fondos provenientes del extranjero porque compromete la libertad de asociación, el derecho a la privacidad y la libertad de expresión, entre otros derechos, al contrariar una serie de obligaciones internacionales asumidas por el Estado de Nicaragua en materia de derechos humanos y los derechos políticos podrían verse perjudicados de cara al proceso electoral de 2021.

“Basar el fundamento de esta ley en la protección de la soberanía nacional no es aceptable como argumento legítimo para limitar la libertad de asociación”, recordó el Representante Brunori.

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OACNUDH tomó en cuenta los antecedentes registrados en los últimos dos años, “la formulación ambigua de parte de su contenido podrían ser utilizadas para perseguir a organizaciones de la sociedad civil, incluyendo aquellas dedicadas a la defensa de derechos humanos, medios de comunicación y otras voces disidentes”, indica.

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La Oficina Regional llamó al régimen de Daniel Ortega a modificar la ley, así como para abstenerse de adoptar otras normas incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos. En particular, la Oficina reiteró al Estado su disposición de brindarle asistencia en la reformulación del proyecto de Ley Especial de Ciberdelitos cuya aprobación introduciría mayores restricciones al espacio democrático.