“Libertad inmediata”, para el preso político Kevin Solís solicita Grupo de Trabajo de Naciones Unidas
“Libertad inmediata”, solicitó el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas para el preso político Kevin Solís, detenido el pasado 06 de febrero, un par de días después de haber participado en una protesta en la Universidad Centroamericana.
“La opinión concluyó que dicha detención fue arbitraria y pide al gobierno de Nicaragua que tome medidas urgentes para remediar la situación del joven poniéndolo inmediatamente en libertad”, indica el comunicado.
Según el grupo de trabajo, solicitó al gobierno de Nicaragua suministrar información para contrastar la denuncia, este no respondió la comunicación.
Solís se encuentra recluido en el sistema penitenciario Jorge Navarro conocido como “La Modelo” con una condena de cuatro años y seis meses de prisión por el supuesto delito de robo agravado contra un simpatizante Sandinista.
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El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas señala que la privación de libertad de Kevin Solis fue arbitraria conforme a las categorías I,II y III conforme a sus métodos de trabajo. “Primero, no hubo flagrancia delictiva y el delito fue realizado por individuos vestidos de civil sin que se presentara una orden de arresto expedida por el juez o por autoridades competentes. Además, Solís fue sujeto de una desaparición forzada tiempo en que su derecho a la seguridad personal fue flagrantemente violados. Segundo, la detención de Solís fue resultado del ejercicio de sus derechos a la libertad de opinión y expresión, así como a la libertad de reunión y asociación pacífica y la participación en asuntos políticos. Tercero, porque su proceso judicial fueron denegadas las garantías esenciales debido proceso”, indican.
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En el contexto de la pandemia del COVID-19, el Grupo de Trabajo reiteró su solicitud “el gobierno debería tomar medidas urgentes para garantizar su liberación inmediata y concederle el derecho a obtener una indemnización y otros tipos de reparación”.
El Grupo de Trabajo remitió el caso al Relator Especial sobre la Tortura para que tome las medidas correspondientes, “solicitar tanto a los solicitantes, como al gobierno que provea la información de seguimiento al caso en un periodo de seis meses”.