Aprueban reforma a Ley General de Aguas, diputado sandinista arremetió contra COSEP y La Prensa

Con 74 votos a favor, cero en contra y 16 presentes, los diputados sandinistas aprobaron una reforma a la  “Ley de Aguas Nacionales y la creación del Consejo Nacional para el desarrollo del recurso hídrico y la Comisión para la administración sustentable de los recursos hídricos”, la cual elimina el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA) y lo centraliza en la Autoridad Nacional del Agua (ANA)  en Nicaragua.

La Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, dictaminó favorablemente la modificación a la Ley 620, en el proceso de consultas se excluyó a organizaciones defensoras de consumidores. 

En el debate de Ley, el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez atacó al periodico La Prensa así como al nuevo presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), Michael Healy.

Gutiérrez llamó “periodismo de alcantarilla” a La Prensa “me quiero confesar preocupado y a veces me da vergüenza ajena cuando tengo que abordar estos temas, agarran la reforma los detractores, la empiezan a leer y como la reforma solamente se refiere a artículos puntuales que son los que se van a reformar de la Ley de Aguas Nacionales, eso implica que los artículos que la reforma no menciona quedan tal y como están. Entonces leo en un periódico que sólo se dedica al calumniar, injuriar y tergiversar y a desarrollar un periodismo de alcantarilla que es lo que hace siempre y empieza decir por ejemplo que el artículo 97 y 98 de la Ley de Aguas Nacionales se derogan, absolutamente falso”, dijo el funcionario.

En su ataque al medio de comunicación escrito, Gutiérrez señaló a los periodistas de “manipular” “me da la impresión que hay un problema de capacidad de lectura básica y lo que quieren es manipular, tergiversar y empezar a decir mentiras y llenar de mentira la mente de los nicaragüenses y ni siquiera les puedo dar el beneficio de la ignorancia y la torpeza, para mí, es la mala fe”, dijo.

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El legislador sandinista también atacó al presidente de Cosep por supuestamente decir “barbaridades” “sale en un pronunciamiento un señor que actualmente está ocupando la presidencia del COSEP, a decir semejantes barbaridades, un señor de apellido extraño, extranjeros, que yo ni siquiera sé pronunciar, se pone a decir que con esta reforma se viene a afectar a los consumidores, a caso en esta reforma se está tocando en algún sentido el pliego tarifario o hay algún incremento a la tarifa que yo no me haya dado cuenta a la hora de leer la reforma, absolutamente nada”, argumentó.
 

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Ayer en un comunicado, COSEP señaló que las reformas contenidas en el proyecto de Ley General del Agua no benefician a los usuarios del servicio de agua potable y saneamiento, y tampoco brindan mecanismos de respuesta ágil para el desarrollo de los sectores económicos y productivos del país.

Para COSEP, la decisión de desaparecer al INAA y dejar a ANA como una instancia con funciones y recursos extraordinarios obedece “voluntad política” del régimen sandinista por controlar, centralizar politizar y seguir instrumentalizando conforme sus intereses partidarios.

La empresa privada señala que la reforma evidencia “voracidad recaudatoria” Ortega-Murillo “no solamente se sostendrá del Presupuesto General de la República, como lo hacía el INAA, sino también de cobros relacionados con servicios que debe prestar, cuyos costos y tarifas no se plantean transparentemente”, indican.

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COSEP rechazó que las Comisiones Nacionales sean encargadas de proponer, establecer y modificar los cánones por el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos y de vertidos “comisión burocrática dirigida desde la presidencia, lo cual reproduce el modelo vertical autoritario del manejo de la cosa pública bajo criterios políticos y no técnicos”. 

En una conferencia de prensa virtual, el presidente de Cosep, Michael Healy señaló que no se conoce ningún estudio o diagnóstico técnico que justifique dichos cambios organizativos ni normativos, “la reforma tiene la misma línea de materialización legislativa, la imposición del Gobierno de su voluntad al margen de la sociedad en general, para cumplir fines políticos de control y clientelismo partidario. Tampoco se sabe de la existencia de un Plan Nacional de los Recursos Hídricos que justifique la conformación de más instancias burocráticas que adolecen de fortaleza técnica y que únicamente responden a lineamientos políticos partidarios”, denunció.