Centro Humboldt: reforma a "Ley General de Aguas" evidencia voluntad de avanzar hacia privatización del agua
La reforma a la "Ley General de Aguas Nacionales", deja en evidencia que se abre el camino a la privatización del agua, consideró el Centro Humboldt que analizó la reforma aprobada esta semana por la aplanadora de diputados sandinistas en la Asamblea Nacional en Nicaragua.
"La Reforma de la Ley No. 620, evidencia la voluntad de avanzar hacia la privatización del agua, abriendo la entrada a la empresa privada, en el tema de captura, almacenamiento y distribución de agua para consumo humano y para actividades productivas, confirmando el carácter privatizador de la reforma" enfatizaron los especialistas en un informe distribuido este domingo.
El Centro Humboldt cuestionó que pese a que la participación ciudadana es un derecho constitucional, "se excluyó toda forma de participación ante las instancias normadoras y responsables de la operación del sistema" como la Comisión para la Administración Sustentable de los Recursos Hídricos y el Consejo Nacional para el Desarrollo del Recurso Hídrico), "limitando la participación ciudadana y a los gobiernos municipales".
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Dicha reforma fue aprobada con 74 votos a favor, cero en contra y 16 presentes este pasado 12 de noviembre en la Asamblea Nacional, por tal razón consideran que “es una Ley que viene a establecer dentro de sus disposiciones un conflicto de interés en la Autoridad Nacional del Agua, al juntar dentro de la misma institución la responsabilidad del cuido y preservación de los recursos hídricos, y, por otro lado, otorga los permisos y licencias a la empresa privada y otros usuarios”.
Además, considran que la absorción de la instancia que hasta ahora establecía las tarifas (INAA), por parte de la ANA, "podría llevar a una reconsideración de la tarifa y un eventual incremento en los cánones para aprovechamiento en otros usos como la agricultura, energía, entre otros; eventualmente incrementarían la recaudación proveniente de la gestión pública del agua". Expresan que dichos fondos deberían de ser invertidos en el Fondo Nacional del Agua, instancia creada por la Ley General del Agua, para asegurar la justicia en el acceso al agua como derecho humano y gestión integral de los recursos hídricos.
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El Centro Humboldt proyecta que se va a incrementar significativamente la burocracia en la gestión pública del recurso agua en el país, con la creación de dos instancias nuevas como son la Comisión para la Administración sustentable de los recursos hídricos y el Consejo nacional para el desarrollo del recurso hídrico. Esto dificultaría la aplicación de la norma e incrementaría los "costos de la misma". Así mismo señalan que se "limitan las posibilidades de subsidios para los sectores vulnerables, limitándolos a las comunidades rurales ubicadas en zonas dispersas y de difícil acceso".
En la reforma a la Ley General de Aguas, se establecen 3 clasificaciones de infracciones (Leves, Graves y Muy Graves). Anteriormente solo existía una clasificación para todas las todas infracciones, agregando leves y muy graves.
El diputado sandinista Walmaro Gutiérrez dijo esta semana que no se iba a privatizar el agua y arremetió contra los analistas y medios de comunicación que han informado sobre la reforma, “me da la impresión que hay un problema de capacidad de lectura básica y lo que quieren es manipular, tergiversar y empezar a decir mentiras y llenar de mentira la mente de los nicaragüenses y ni siquiera les puedo dar el beneficio de la ignorancia y la torpeza, para mí, es la mala fe”, dijo Gutiérrez
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