COSEP rechaza confiscaciones contra medios y ONG que provocan inseguridad jurídica en Nicaragua
El Consejo Superior de la Empresa Privada, (COSEP), rechazó las confiscaciones de hecho de propiedades privadas de los medios de comunicación 100%Noticias y Confidencial, así como organizaciones de la sociedad civil tomadas arbitrariamente por la sancionada policía sandinista en diciembre 2018.
En un comunicado, COSEP expresó su “preocupación” por el irrespeto a las propiedades tuteladas por la Constitución Política, las cuales fueron trasladadas ilegalmente al Ministerio de Salud, (MINSA), acción que violenta los principios básicos de un estado democrático de derecho.
“Decisiones políticas que violentan los derechos y garantías constitucionales de los nicaragüenses, provocando inseguridad jurídica e inestabilidad”, reza el comunicado.
El sector privado señala que el derecho a la propiedad privada están reconocidos en los artículos 5, 44, 99 de la carta magna “goza de garantías constitucionales, por lo cual el Estado tiene obligación que tutelarlo”. Sin embargo, el régimen de Daniel Ortega sigue violando ese derecho con acciones de “represión, ejecutando y promoviendo contestaciones de hecho, desconociendo el mandato constitucional vigente en nuestro país, de prohibición expresa de confiscaciones de todo tipo de bienes” señalan.
COSEP manifestó que Ortega-Murillo están obligados a respetar los acuerdos firmados el pasado 29 de marzo de 2019 que establece respeto al derecho de propiedad y el debido proceso, “debían legalmente restituir los bienes muebles e inmuebles confiscados de hecho organismos de derechos humanos, medios de comunicación y empresarios en diferentes zonas del país; lo cual no ha cumplido y ha profundizado”.
LEER MÁS: Bayardo Arce anuncia reformas electorales, diálogo con empresarios y defiende ley de inhibiciones
Ante esto, COSEP denunció las acciones recientes que se realizaron sin mediar proceso judicial para la expropiación legalmente tramitado “las propiedades confiscadas de hecho van en perjuicio de los legítimos titulares del derecho de propiedad protegidos por la constitución política” de Nicaragua.