Régimen de Daniel Ortega copia a Cuba y Venezuela al detener y luego investigar

La propuesta de reforma al Código Procesal Penal ha alertado una vez más a los opositores, quienes llevan meses denunciando que se sienten avasallados con las medidas aprobadas recientemente por el oficialismo

MANAGUA - El oficialismo que controla el Parlamento de Nicaragua continúa elaborando un engranaje jurídico para recrudecer los mecanismos legales y utilizarlos en un momento adecuado, sobre todo en un año electoral que ha generado grandes expectativas en la comunidad internacional, según exponen opositores en declaraciones a la Voz de América.

Después de media docena de reformas y leyes aprobadas en los últimos seis meses, la bancada del Partido Frente Sandinista, de izquierda, pidió modificar dos artículos al Código Procesal Penal del país para ampliar, de 48 horas hasta 90 días, el plazo para que una persona que esté siendo investigada pueda permanecer detenida, aunque no se presente una acusación formal en su contra.

La propuesta de reforma al Código Procesal Penal ha alertado una vez más a los opositores, quienes llevan meses denunciando que se sienten avasallados con las medidas aprobadas recientemente por el oficialismo, entre ellas la pena de cadena perpetua, la Ley de Agentes Extranjeros, y la Ley de Ciberdelitos.

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“Es una propuesta violatoria de los derechos humanos que retrocede los avances logrados en materia penal”, señala el jurista José Pallais a la VOA, y añade que Nicaragua se destacaba por “haber logrado un derecho penal moderno y garantista”.

“Esta reforma pretende ampliar a 90 días el periodo en que un ciudadano puede estar detenido sin que se le haga acusación alguna, es decir puede estar en las cárceles de Ortega sin que la justicia prepare la acusación, sin que se le señale qué delito ha cometido o le digan porqué está detenido, esto va contra el principio de inocencia”, denunció el jurista nicaragüense.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, también se pronunció al respecto y catalogó la propuesta de reforma como ilegítima y arbitraria, además enfatizó que representaba un retroceso en derechos humanos y constitucionales.

La organización, radicada en Costa Rica, señaló que con dicha reforma el gobierno de Ortega pretende justificar las violaciones a los derechos humanos ejercidas por las autoridades correspondientes.

“La Policía y el Ministerio Público tendrían la potestad discrecional para detener abiertamente a cualquier persona y después de ello investigar los hechos, sería una violación flagrante a la libertad individual”, indicó la organización, que a su vez consideró que dicha reforma “constituiría un instrumento para aumentar la persecución y criminalización contra la ciudadanía que reclama sus derechos y que son detenidos por la policía”.

“Con la reforma se les amenaza con criminalizar su activismo y se autoriza con dejarles detenidos hasta por tres meses sin acusación”, indica el colectivo de derechos humanos.

                                                   

“Es un avance en materia de derechos humanos”: oficialismo

Por su parte el oficialismo mantiene una retórica que se aleja de la visión de los opositores. Lejos de aceptar que la reforma viole los derechos humanos, consideran que es un avance en la materia, argumentando que en otros países de Latinoamérica se ha ampliado la brecha de tiempo para investigar y detener a personas.

“Esta es una reforma al Código Procesal Penal que tiene el objetivo de fortalecer, consolidar, las garantías procesales establecidas en la Constitución de Nicaragua", sostiene el diputado oficialista Carlos Emilio López.

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Si hacemos una comparación, o análisis, en América Latina lo que dura un promedio de investigación es entre tres y seis meses”, afirmó López a la VOA.

Por su parte la diputada oficialista, y presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, María Auxiliadora Martínez, consideró que la reforma que alargaría los plazos de detenciones será “en casos excepcionales y de carácter complejo que el Ministerio Público podrá pedir la ampliación”.

“Nosotros no estamos violando el orden constitucional. Todo es correcto”, indicó la legisladora.

                                                   

El modelo de Cuba y Venezuela 

No obstante, el diputado opositor Maximino Rodríguez, considera que lejos de presentar un avance en materia de derechos humanos, la posible reforma retrasaría al país a más de 200 años.

“Nos desprendimos de una legislación inquisitiva que había en Nicaragua que data de más de 200 años, pero con esta reforma estamos regresando a esos tiempos”, alerta Rodríguez. “Lo que realmente se busca es castigar a personas por cuestiones meramente políticas, no es para defender derechos de las personas”.

El jurista José Pallais, por su lado, solo ve a Nicaragua copiando modelos catalogados de violadores de derechos humanos “donde no se respetan los derechos humanos, ni a los procesados”.

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“La lógica de países democráticos es que primero se investigue y detenga, pero cada vez nos estamos acercando a Cuba, Venezuela y Corea del Nortea”, señala Pallais.

“No se puede confundir con la posibilidad de ampliar las investigaciones, con violar los procesos o derechos humano, aduciendo tramitación compleja. De hecho, eso se da después que el detenido es acusado, ahí se le señala el delito que cometió, conoce los hechos y pueden ampliarse investigaciones, pero tener hasta 90 días a un ciudadano (detenido) sin saber qué delito (cometió) es romper con la misma Constitución”, concluye el jurista.

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