La ONU pide a Nicaragua revisar una ley que "permite detener para investigar"

Managua, 3 feb (EFE).- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) pidió este miércoles al Estado de Nicaragua revisar la recién aprobada reforma al Código Procesal Penal, que amplía de 48 horas a tres meses la prisión preventiva para los sospechosos antes de enfrentar juicio.

"La reforma del Código Procesal Penal aprobada ayer, al retrasar hasta 90 días el control judicial de la detención, es contraria a la Constitución y los estándares internacionales. Permite detener para investigar, en lugar de investigar para detener", alertó la Oacnudh en un tuit.

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Según la Oacnudh, esa enmienda aprobada por los sandinistas y sus aliados en el Parlamento, donde son mayoría absoluta, "atenta contra la presunción de inocencia y el derecho a conocer sin demora y en detalle la acusación en contra de uno".

"Pone en riesgo, además, la integridad y seguridad de los denominados "detenidos judiciales", que permanecerán sin control judicial efectivo", advirtió.

Por tanto, la Oacnudh exhortó al Estado de Nicaragua revisar esa reforma "aportando los correctivos" que garanticen el pleno cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y ofreció su apoyo y asesoría técnica a las autoridades.

La "Ley de Reforma y Adición (al) Código Procesal Penal" fue aprobada por los diputados sandinistas ante solicitud expresa del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en medio del rechazo de expertos constitucionalistas y defensores de los derechos humanos.

El Código Procesal Penal ahora establece que una persona podrá estar detenida, bajo investigación, entre 15 días y 90 días, y no 48 horas, como era hasta ahora.

La nueva legislación coincide con las denuncias de ONGs humanitarias locales e internacionales sobre opositores arrestados, denominados "presos políticos", algunos de los cuales han pasado varios meses en la cárcel antes de ser acusados de manera formal.

La extensión del tiempo de cárcel preventiva coincide con el año electoral, cuyo día clave será el 7 de noviembre próximo, en el que Ortega se juega 42 años de dominio casi total de la política nicaragüense.

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La reforma para incrementar los días de prisión preventiva es la más reciente de lo que la oposición llama "paquete de leyes represivas" aprobadas en el contexto del año electoral.

Dicho "paquete" incluye el establecimiento de la cadena perpetua para "crímenes de odio", la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, conocida como "Ley Putin" por sancionar pagos y donaciones del exterior, la Ley de Ciberdelitos, apodada "Ley Mordaza" por regir información digital, y la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, que impide aspiraciones políticas a quienes critiquen al Gobierno.

Según los expertos, estas leyes en su conjunto impiden la competencia en la carrera por la presidencia contra Ortega, quien gobierna Nicaragua desde 2007, tras haberlo hecho entre 1979 y 1990.

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