Unión de presas y presos políticos rechazan elecciones bajo dictadura que endurece leyes represivas

La Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua  rechazó la reforma al código procesal penal que permite la detención de un ciudadano por 90 días y luego investigarlo.

“La dictadura empeña sus exhaustivos esfuerzos de represión en la privación arbitraria de la libertad y la prolongación del tiempo de cárcel en una forma sistemática ejecutada por el Estado nicaragüense de persecución, captura, tortura y castigo a quienes nos oponemos a la continuidad de la criminal, sangrienta y terrorista dictadura Ortega-Murillo” indica parte del comunicado de los exprisioneros políticos.

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De igual manera señalan que esta reforma al procesal penal, “constituye una pseudo legalidad que violenta el espíritu de las garantías constitucionales para la aplicación plena de un terrorismo o sicariato estatal; Un patrón ya consecutivo del régimen sandinista con la creación y/o reformas de leyes que se ejercen como herramientas de represión y castigo o bien como un intento desvergonzado de legitimar el proceder sangriento, represivo y criminal de la dictadura además del Estado de facto en que vivimos los nicaragüenses” indica la misiva.    

Exigiero  a las organizaciones nacionales opositoras al régimen,  "beligerancia en su actuar político con propuestas y soluciones aterrizadas en el contexto real y tangible con los pies en la tierra y dejando de un lado los intereses personales o partidistas, ya que el régimen orteguista  a vivas voces declara un estado de sicariato estatal y la permanencia fáctica de la Organización Criminal Frente Sandinista de Liberación Nacional, en el poder, sin las mínimas intenciones de ceder de ninguna manera, menos por la vía electoral, la cual no cabe en la realidad como una solución para vencer a una dictadura con un aparato estatal e institucional represivo a sus órdenes".

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Por otro lado, también exigen a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de Estados Americanos (OEA), a no aceptar como legitimo este proceder "pseudo legal de la dictadura, ni respaldar o aceptar como respuesta a las exigencias internacionales emitidas al Estado de Nicaragua, estos mecanismos que pretenden manipular o crear un espejismo de legalidad ante los ojos del mundo y los organismos de Derechos Humanos”.