EE.UU. señala a Ejército de Nicaragua en arrestos arbitrarios a opositores

Tomada de El 19 Digital

El Departamento de Estado de EE.UU. señaló al Ejército de Nicaragua por las detenciones arbitrarias contra opositores al régimen de Daniel Ortega en su informe anual sobre derechos humanos, en el que expresó su preocupación por las torturas y ejecuciones extrajudiciales que supuestamente se perpetraron en el país.

El informe sobre Derechos Humanos señala que la institución castrense violó los derechos humanos de opositores, en referencia al caso de Hader González y Cristian Meneses, quienes fueron detenidos el 15 de agosto de 2020 en la frontera sur, ambos no recibieron asesoría legal y sus familias no fueron informadas de su paradero hasta el 20 de agosto. 

“Cuando el ejército los presentó públicamente, vinculando su captura con un asesinato a principios de año. El ejército se refirió públicamente a González y Meneses como delincuentes, aunque la policía no confirmó formalmente su arresto hasta el 21 de agosto”, señala.

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A pesar de que la Constitución Política tutela los derechos de los acusados ​​hasta que se pruebe su culpabilidad, el Departamento de Estado señala que los juicios contra los manifestantes se retrasaron indebidamente y no se ajustaron al debido proceso “a los acusados ​​no se les permitió nombrar a sus abogados y el tribunal nombró un defensor público, lo que los familiares de los acusados ​​y las organizaciones de derechos humanos afirmaron que perjudicaba el caso del acusado”

El informe destaca como están constituidas las fuerzas de seguridad que informan a diario al dictador Daniel Ortega.

"La Policía Nacional de Nicaragua mantiene la seguridad interna. El ejército es responsable de la seguridad externa, pero también tiene algunas responsabilidades de seguridad interna. Ambos reportan directamente al presidente, de conformidad con los cambios en el código policial y militar en 2014. Los parapolicías, que son grupos no uniformados, enmascarados y armados con entrenamiento y organización táctica, actúan en coordinación con las fuerzas de seguridad gubernamentales, bajo el control directo gobierno, y reportar directamente a la policía nacional. Las autoridades civiles mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad policiales y parapoliciales. Los miembros de las fuerzas de seguridad cometieron numerosos abusos" explica el Departamento de Estado en el informe sobre Derechos humanos sobre Nicaragua.

El informe destaca que Daniel Ortega no reconoce a los presos políticos como una categoría de reclusos y considera que todos los presos son delincuentes comunes.

Tortura y tratos crueles

En el documento EE.UU. señala que prácticas de tortura contra presos políticos, entre ellos Kevin Solís y Justo Rodríguez “funcionarios públicos llevaron a cabo intencionalmente actos que resultaron en un sufrimiento físico o mental severo”. 

En el caso de Solís fue detenido el 6 de febrero 2020 luego de haber participado en una protesta en la Universidad Centroamericana. En el Sistema Penitenciario La Modelo, Solís fue amenazado de muerte por custodios.

“Los funcionarios de la prisión lo golpeaban de manera rutinaria mientras estaba bajo custodia en la prisión La Modelo y lo rociaban con cubos de agua durante la noche para privarlo del sueño. En noviembre, Solís había permanecido en régimen de aislamiento durante al menos cinco meses sin acceso a la luz solar. Los guardias de la prisión lo amenazaron con ejecutarlo y le apuntaron con armas en la cabeza”, indica.

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Otro caso de tortura que documentaron fue contra Justo Rodríguez, quien fue liberado bajo el régimen de “convivencia familia” “Las fotografías mostraban su cuerpo demacrado y una profunda hendidura en su cráneo; sufrió un derrame cerebral mientras estaba en prisión y no podía hablar ni mover las piernas”

Además, el informe resalta que las autoridades penitenciarias instigan disputas entre la población carcelaria en general culpando a los presos políticos de cualquier privilegio retenido, lo cual resulta en violencia.

Impunidad

Respecto al Estado de impunidad que mantiene Daniel Ortega, Washington señala que hay numerosos informes que señalan que Ortega y agentes policiales cometieron homicidios arbitrarios o ilegales. 

“El gobierno no tomó medidas para identificar, investigar, enjuiciar o sancionar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, incluidos los responsables de al menos 325 asesinatos y cientos de desapariciones durante el levantamiento prodemocracia de abril de 2018. El presidente Ortega fortaleció activamente la impunidad de los derechos humanos abusadores que le eran leales”, subrayan.

Entre los casos mas relevantes señalan el asesinato contra el ciudadano Jorge Luis Rugama Rizo en Estelí “El 19 de julio, Abner Pineda, miembro del partido FSLN y funcionario del municipio de La Trinidad, disparó y mató a Jorge Luis Rugama Rizo luego de que Rugama gritara “Viva una Nicaragua libre”. Pineda se entregó y reclamó defensa propia. En noviembre, un juez condenó a Pineda por homicidio involuntario. Dos semanas después, Pineda fue condenada al mínimo de un año de prisión. Un juez conmutó de inmediato su sentencia y Pineda quedó en libertad” detallan.

El Departamento de Estado reiteró que a partir de agosto de 2018, el régimen de Ortega instituyó una política de "exilio, cárcel o muerte" para cualquier persona percibida como oposición.

“El gobierno siguió sin hacer ningún esfuerzo por investigar varios incidentes de ejecuciones extrajudiciales y tortura en 2017 en las Regiones Autónomas del Caribe Norte y Sur. El ejército siguió negando su participación en casos que las organizaciones de derechos humanos percibieron como ejecuciones extrajudiciales por motivos políticos. Persistió la impunidad entre las fuerzas policiales y parapoliciales en los casos denunciados de tortura, malos tratos u otros abusos”, indican.

De esta forma, el informe anual sobre derechos humanos concluye que Nicaragua tiene un sistema político altamente centralizado y autoritario dominado por el presidente Daniel Ortega Saavedra y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo Zambrana. “El partido Frente Sandinista de Liberación Nacional de Ortega ejerce un control total sobre las funciones ejecutiva, legislativa, judicial y electoral”

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