Inicia proceso de elección de magistrados electorales en Nicaragua

Una resolución de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos pidió el año pasado que tengan lugar en Nicaragua reformas electorales profundas.
Daliana Ocaña
Abril 12, 2021 08:23 AM

MANAGUA - La Asamblea Nacional de Nicaragua se reúne el lunes para aprobar una resolución que permita recibir propuestas de aspirantes a 10 magistrados electorales que integren el Consejo Supremo Electoral, así como siete magistraturas oficiales y tres suplentes, cerca de los comicios presidenciales que se realizarán en noviembre.

El presidente de este poder del Estado, el sandinista Gustavo Porras, anunció también la conformación de una comisión especial de carácter constitucional que, según afirmó, servirá para "revisar, informar, estudiar y dictar los aspectos electorales en nuestra nación". Estaría integrada en su mayoría por diputados sandinistas y sus aliados. 

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“Es una reforma especial y constitucional en el caso de que se presentaran reformas electorales tal y como mandata la Constitución y la ley", agregó Porras.

Juan Sebastián Chamorro, precandidato presidencial y miembro de la Alianza Cívica, dijo que lo que corresponde, a partir del inicio de la convocatoria, es observar el contenido y la profundidad de las reformas que el Gobierno planea iniciar a partir de hoy. 

El precandidato insistió en que estas reformas deben ser consensuadas con los sectores sociales y políticos del país para garantizar que las votaciones reflejen las aspiraciones democráticas de los nicaragüenses. 

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"Pueden haber solamente dos caminos unas reformas electorales profundas que lleven a efectivamente a lo que ha sostenido la oposición nicaragüense en su conjunto, o el otro camino que es probablemente el que va a escoger la dictadura llevar a reformas electorales cosméticas", dijo Chamorro. 

                                                            

Una resolución de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos del 23 de octubre de 2020 estableció que, a más tardar en mayo de 2021, en Nicaragua deben realizarse reformas electorales profundas que garanticen elecciones creíbles y transparentes. 

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