Madres de abril: el grito de justicia que retumba en la memoria de nicaragüenses

Se cumple el tercer aniversario de la masacre el Día de las Madres en Nicaragua, en medio de una agravada crisis sociopolítica y el cierre de espacios libres de expresión amenazados por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Las madres de quienes fueron asesinados durante las protestas de 2018 y organizaciones defensoras de derechos humanos, no cesan en sus demandas de justicia ante la impunidad de los crímenes. “El mejor regalo sería que el dictador se fuera”, dice una de ellas.
Expediente Público

María Andrea Escobar esperó hasta las 4 de la mañana del 17 de junio a su hijo Darwin Ramón Potosme, quien protestaba en una de las barricadas del barrio histórico la ciudad de Monimbó, Masaya. Se acostó a descansar. Cerca de dos horas más tarde, su sueño se suspendió cuando escuchó una bulla y le preguntó a una de sus hijas:

-¿Qué pasó?

-Darwin- alcanzó a decirle su hija después que alguien llamara para avisarle que lo habían matado.

María Andrea no dudó en salir corriendo de la casa hacia la calle en busca de su Darwin. Al ver que traían a alguien cargado en una camilla, sintió cómo el cuerpo se le desvanecía. El joven conocido como ‘Fafo’, tenía una bala en su cabeza que recibió de paramilitares que esa noche atacaron la ciudad ubicada en el departamento de Masaya, el más pequeño de Nicaragua, ubicado a 27 kilómetros de la capital.

Hasta el día de hoy, María Andrea, de 62 años, se pregunta cómo tuvo el valor para ponerse unos guantes y comenzar a rellenar con algodón la cabeza y acomodar el rostro de su hijo.

Días antes del asesinato de Darwin, se había dado la “madre de todas las marchas”, convocada el 30 de mayo del 2018, para acompañar a las primeras madres que perdieron a sus hijos durante los ataques de la Policía y paramilitares en las protestas sociales iniciadas luego del 18 de abril de ese año. Las manifestaciones cívicas llenaron las calles y avenidas principales de Managua y otros departamentos como Chinandega, Estelí, Managua, y Masaya, pero dejaron un sangriento saldo de 19 personas asesinadas a tiros y más de 200 heridos.

“Hoy no es un día cualquiera.

Le doy gracias a Dios por tener a la madre más bella del mundo y esa es mi viejita.

Mamá ya estás vieja, jajaja. 

Madre, feliz día”. 

Esa fue la felicitación que Orlando Córdoba, le dedicó esa mañana a su mamá, Yadira Córdoba. El adolescente de 15 años, fue asesinado horas más tarde que le escribiera esas palabras en una publicación de Facebook con emoticones de corazón y se fuera a apoyar a las madres de abril en la marcha convocada.

Desde entonces Yadira asegura que no tiene nada que celebrar un 30 de mayo, porque “hace tres años estaba velando a mi hijo”, dijo a Expediente Público.

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Candelaria Díaz, ese 30 de mayo, se convirtió en la primera madre de Masaya a la que una bala le arrebató la vida a su hijo. Cerca de las diez de la noche , una sobrina le avisó que su hijo había sido baleado. Carlos Manuel, de 28 años ya había perdido la vida cuando su mamá llegó hasta la placita de Monimbó a buscarlo. “Todavía 3 años atrás él me llamó y me dijo: felicidades, mamá”, recuerda con dolor.

Un 30 de mayo impune

Ese día Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, convocó a una contra marcha en la Avenida Bolívar, que queda al norte de la capital cerca a la costa del lago Xolotlán y del teatro Rubén Darío y llamó al “compromiso por la paz, y compartir el dolor de las madres que habían perdido a sus hijos”. Sin embargo, mientras daba un discurso de consuelo, la Policía Nacional y las fuerzas paramilitares reprimían a los manifestantes autoconvocados con armas de alto calibre como fusiles AK-47, M16, fusiles de francotirador Dragunov y hasta ametralladoras PKM, según documentó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), antes de ser expulsados de Nicaragua por Ortega, y catalogar los hechos como “crímenes de lesa humanidad”.

A finales de abril del 2018, fue aprobada por la Asamblea Nacional una Comisión para la “paz, verdad y justicia”, promovida por el presidente del parlamento Gustavo Porras, con el fin de esclarecer los hechos ocurridos en el contexto de las primeras protestas de ese mes, que alcanzaban los 32 muertos.

Un día después de la masacre, Cairo Amador, representante de la Comisión,  dijo ante  los medios oficialistas que “el día de ayer en conmemoración del día de la madre nicaragüense, se efectuó la marcha en honor a las madres de los caídos en diferentes acontecimientos a partir de abril recién pasado, en el ejercicio de su soberano derecho de movilización y expresión. La Comisión lamenta y condena enérgicamente los hechos de violencia que han ocasionado dolor a las familias por las muertes, heridos, que resultaron en diferentes puntos del territorio nacional, causando además destrucción, inestabilidad social e inseguridad ciudadana”.

Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que en diciembre 2018 fue cancelada su personería jurídica, afirmó que esa Comisión fue “una organización de fachada”, parte de una estrategia para ocultar la verdad.  “De alguna manera tuvo efecto, porque se vieron obligados a aceptar un determinado número de muertos, pero hasta ahí llegó, jamás van a hacer justicia para las víctimas porque ellos son parte de la estrategia de encubrimiento”, afirmó a Expediente Público.

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La defensora de derechos humanos, estimó que tres años después de estos eventos, en el país centroamericano “impera una situación de impunidad” y es necesario eliminar los obstáculos que impiden el cumplimiento de la justicia.

“Hay que eliminar principalmente los obstáculos que impiden la vigencia de los derechos humanos, y aquí ese obstáculo se llama Daniel Ortega y Rosario Murillo, y eso significa que hay que terminar con este gobierno en término constitucional y legal y tiene que definitivamente finiquitar su mandato que por cierto ya era ilegal, producto de un fraude para dar paso a la transformación institucional que requiere el país y fundamentalmente fortalecer el poder judicial para que haya justicia”, explicó Núñez.

Según la académica y jurista María Asunción Moreno, la Comisión gubernamental en los últimos años ha encubierto los crímenes cometidos, falsear la verdad sobre los crímenes, y su funcionamiento. “Es una comisión creada para engañar y burlar las exigencias de justicia de las madres de Abril”, enfatizó en entrevista con Expediente Público.

Ruta de justicia

Tamara Morazán, es la hermana de Jonathan Morazán el joven de 21 años que también asistió a la marcha con su mamá, pero un disparo a la cabeza acabó con su vida.

“Nuestra ruta de justicia la hemos ido construyendo desde el día uno, desde el momento que pusimos las denuncias en la fiscalía, desde el momento que comenzamos a denunciar que el estado de Nicaragua había asesinado a nuestros familiares” dijo a Expediente Público.

Sin embargo, después de tres años y en medio de un contexto electoral, no se ha logrado la justicia para los familiares de las 328 víctimas asesinadas en las protestas en 2018, tal como lo han registrado organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“El Estado de Nicaragua ha querido ensuciar la memoria y dar la versión de ellos, que es totalmente vil, inhumana, egoísta, y pues obviamente ellos nunca iban a asumir los hechos que hicieron, asumir los crímenes que cometieron”, manifestó Morazán.

 Pablo Abrão, el exsecretario ejecutivo de la CIDH consideró que aun en medio de la represión que vive el país centroamericano, es importante para las madres seguir con su espíritu de persistencia y de resiliencia. Explicó a Expediente Público que en estos casos “podrán resultar en condenas del Estado nicaragüense por responsabilidad, omisión, comisión y por mantener una política de estado dirigida, sistemática y permanente en contra de todos los actores críticos a la oposición política, sectores sociales y las organizaciones de derechos humanos y así se van dando los caminos para ir estructurando una relación que ojalá algún día pueda ser una reparación integral para todas las madres”.

Para la jurista  Moreno, el gobierno “ha implantado una política de impunidad, que no se ha negado solamente a investigar los casos de asesinatos denunciados ante la Fiscalía, sino que ha encubierto a los autores de los mismos garantizándoles impunidad”.

Tres años de lucha

La represión gubernamental se ha agravado en Nicaragua, los espacios libres de expresión han sido amenazados por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, cancelando la personería jurídica a organizaciones independientes, medios de comunicación, partidos políticos opositores y atacando a las madres que quieren vivir su luto,  sin embargo, su sed de justicia ante la nula respuesta de las autoridades después de 3 años, sigue viva. 

Gonzalo Carrión, director del Colectivo Nicaragua Nunca Más, que, por el asedio a sus integrantes, tuvo que migrar a Costa Rica, recalcó que las madres han perseverado y demandan libertad en medio de un “clima de amenaza a la vida de los familiares de las víctimas”, incluyendo ofensas, detenciones, y el exilio.

Para Carrión, el gran obstáculo en estos tres años ha sido “la existencia de un gobierno dictatorial” y en este tipo de regímenes no hay acceso a la reparación ni a la justicia, aseguró a Expediente Público.

Sin respuesta, pero firmes en su demanda

A la memoria de Candelaria Díaz, de 54 años, vienen los recuerdos de lo especial que era su hijo con ella, de la promesa que él le hizo de llegar ese día de las madres a verla, pero la bala que atravesó su pecho, se lo impidió. “Nosotras como madres, lo que buscamos es justicia, lo único que nosotros pedimos es justicia, y que el régimen pague lo que hizo con nuestros hijos”, aseguró.

Yadira Córdoba, de 47 años de edad, lleva dos años en el exilio, y en cada rincón de la casa que la ha acogido en Costa Rica, ha puesto el altar de Orlandito. Una batería, su foto y colores azul y blanco. Para ella, la justicia llegará el día que Ortega salga del poder.

“Yo no estoy de acuerdo con ese circo electoral, y yo demando como madre de Orlandito Córdoba un gobierno de transición interino, porque cómo va a ser posible que yo como madre vaya a una junta receptora de voto y en esa boleta estén la cara de los asesinos, cómo creen que yo me voy a sentir”, reflexionó Córdoba.

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María Andrea, de 62 años, cuenta con orgullo que su hijo después de haber salido de la Academia de Policía, se dedicó a ser un artesano, le gustaba hacer sandalias y zapatos y pintar en cerámica. Pero hoy, aunque continúe asediada al querer enflorar la tumba de su hijo en el cementerio, sigue exigiendo justicia. 

“El mejor regalo sería que el dictador se fuera, desterrarlo porque no merece ser nicaragüense, ni él ni su mujer, porque ellos son los responsables de lo que estamos viviendo, él sabe comprar a todo mundo, a todo mundo amenaza. Pido que todos los partidos se unan, si es que en realidad tienen el amor a Nicaragua como ellos dicen” finalizó la mamá de ‘Fafo’.

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