Chamorro señala un "rosario de violaciones" en la detención de sus excolaboradores
Managua, 31 may (EFE).- La aspirante a la Presidencia de Nicaragua Cristiana Chamorro Barrios señaló este lunes al Ministerio Público y a la Policía Nacional de cometer un "rosario de violaciones" en la detención de dos sus excolaboradores que, al igual que ella, son investigados por un caso de presunto lavado de dinero.
Chamorro Barrios, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), no descartó que las autoridades también giren una orden de detención en su contra.
"No se puede descartar ninguna posibilidad ante un régimen arbitrario, autoritario y que viola los derechos humanos de cualquier ciudadano", dijo en rueda de prensa la también periodista, quien es la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las elecciones de noviembre, en las que el mandatario Daniel Ortega busca una nueva reelección, según una encuesta de la firma CID Gallup.
Walter Gómez y Marco Fletes, administrador financiero y contador general de la ONG Fundación Violeta Barrios de Chamorro, respectivamente, que al igual que Chamorro Barrios son investigados por presunto lavado de dinero, fueron detenidos el viernes por la noche en sus casas, según sus familiares.
Una jueza del distrito penal de audiencias de Managua, Gloria Saavedra, admitió una solicitud de ampliación a 90 días del plazo para investigar a los imputados y los dejó detenidos.
ENUMERA VIOLACIONES EN BASE A LEYES
"Hemos venido a denunciar el rosario de violaciones, de atropellos a los derechos humanos que están sufriendo Walter y Marcos", dijo la aspirante presidencial, acompañada de los abogados y familiares de Gómez.
"Ellos fueron apresados al caer de la noche el viernes pasado y fueron secuestrados sin ninguna acusación y sin ninguna orden de detención judicial que les fuera presentada", afirmó.
Sostuvo que a sus dos excolaboradores "se les ha violado el derecho a la defensa", bajo el argumento de que "pasaron por encima de la ley y la voluntad de ellos al realizar una audiencia de forma secreta sin la presencia de los abogados defensores, a los que habían nombrado".
"Violaron también su presunción de inocencia. Han presumido la culpabilidad de Walter y Marcos aun cuando ellos se presentaron voluntariamente ante el Ministerio Público y ante la opinión pública, y han sido presentados como culpables", continuó.
"Violaron también su derecho a ser informados de los cargos en su contra. Hasta ahora no existe información clara ni veraz de los hechos que constituyen el delito de lavado de dinero que se acusa a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, cuyos reportes están todos en el Ministerio de Gobernación y en el Ministerio de Relaciones Exteriores", añadió.
FAMILIARES NO HAN VISTO A DETENIDOS
Chamorro Barrios aseguró que ninguno de los investigados "han sido informados ni por la Fiscalía ni por la Policía Nacional en qué consiste esos cargos que se les imputa".
"Tanto la Fiscalía como la Policía han guardado total hermetismo sobre las causas de detención arbitraria contra Walter y Marcos. Se desconoce bajo qué cargos concretos se les acusa al momento del secuestro y no se les brindó ninguna información ni a ellos ni a sus familiares", apuntó.
Asimismo, dijo que "se le viola el derecho a comunicarse con un familiar o con un abogado defensor de su elección dentro de las primeras tres horas" y que "ni sus familiares ni los abogados defensores han tenido información real de su ubicación".
"Se encuentran completamente incomunicados y aislados como mecanismos de presión y seguramente sometidos a torturas", añadió.
Según Chamorro Barrios, las autoridades también han violado "su derecho a la dignidad" y señaló que "el secuestro fue ejecutado con lujo de violencia y desprecio de su dignidad como ser humanos".
Cinco extrabajadores de esa ONG, incluida Chamorro Barrios, más la corresponsal de la cadena hispana Univision en Nicaragua, María Lilly Delgado, son investigados por la Fiscalía por el presunto delito de lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua.
Según el Ministerio de Gobernación, esa ONG, que cerró en febrero pasado, "incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador y del análisis de los Estados Financieros, período 2015-2019, se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero", por lo que se "ha informado al Ministerio Público para (abrir) la investigación correspondiente".
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