Buscan para detener a Humberto Belli y Gerardo Baltodano, juez impuso 90 días de cárcel a Rivas

El Ministerio Público a través de una nota de prensa informó que buscan para su detención a Humberto Belli y Gerardo Baltodano Cantarero, exdirectivos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), quienes no se presentaron a la segunda cita. Ambos están en calidad de "investigados" según la Fiscalía controlada por el dictador Daniel Ortega.

"Los señores Humberto Antonio Belli Pereira y Gerardo José Baltodano Pereira, quienes encontrándose en el país y sin justificación alguna faltaron a la cita ante el Ministerio Público; se encuentran en búsqueda y captura por la Policía Nacional" cita la nota.

La tarde del jueves la policía se presentó al residencial Las Colinas, lugar donde vive Baltodano. En diferentes fotografías se observó una gran presencia de efectivos y patrullas.

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Mario Arana Sevilla, cuya vivienda fue allanada la semana pasada, se presentó al Ministerio Público, así como Jeannette Duque-Estrada Gurdián, asegura la nota de prensa.

                                                   

"Continuando con la investigación de FUNIDES el día de ayer, 16 de junio, y por la tarde, se presentó la señora Martha Jeannette Duque-Estrada Gurdián y hoy, se presentó el señor Mario José Arana Sevilla; ambos en la calidad de investigados, contestaron las preguntas que se les realizaron y luego de firmar el acta procedieron a retirarse" indica la fiscalía.

Luis Rivas con 90 días de cárcel

En el caso de Luis Rivas Andurray, Presidente del BANPRO, un juez sandinista dictó 90 días de "detención judicial" a petición del Ministerio Público. Rivas se encuentra preso en el Chipote.

La fiscalía señala a Rivas de supuestamente "consentir que se maquillaran los Estados Financieros y haber permitido una gestión Abusiva". El régimen insiste en señalar a Rivas "proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos".

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También lo acusan de "incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización" según la  Ley 1055 "Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz".

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