Periodistas: blanco en tercera fase de detenciones y allanamientos de Ortega en Nicaragua

La Policía nicaragüense arrestó el lunes por la noche a un periodista, una exdiputada y ha allanado la residencia de Carlos Fernando Chamorro, director del medio digital Confidencial, quien no se encontraba en el lugar.

El periodista detenido es el cronista deportivo Miguel Mendoza, crítico al presidente Daniel Ortega. A Mendoza se le acusa de violar la Ley 1055, misma que ha sido usada por oficialismo para justificar las aprehensiones en contra de al menos 28 personas en las últimas semanas, incluyendo miembros del sector privado, precandidatos presidenciales y líderes de la oposición.

Paralelamente la Policía impuso arresto domiciliar en contra de la exprimera dama y exdiputada liberal María Fernanda Flores bajo el mismo argumento que a Mendoza.

Un día antes también fue detenido el periodista y fundador del Canal 100% Noticias, Miguel Mora, quien se convirtió en el quinto precandidato presidencial en estar en prisión.

Su esposa Verónica Chávez dijo a la Voz de América que los agentes irrumpieron con violencia en horas de la noche a la residencia donde éste se encontraba.

“Estábamos acá en nuestra casa, acababa de acostar al bebé, como le decimos a un niño especial que tenemos, y nos encontrábamos sentados viendo televisión cuando escuché como que había explotado un transformador, me asomo y eran las patadas que estaban pegándole a la puerta”, relató Chávez a la VOA.

“Miguel (Mora) estaba diciéndoles: aquí estoy no es necesario la violencia, pero continuaban pegando patadas y rompiendo los vidrios (...) nos encañonaron y se lo llevaron”.

Detenciones a periodistas es la siguiente escalada de detenciones, dicen expertos

La nueva fase de detenciones ha encendido las alarmas en los gremios de periodistas nicaragüenses que acusan a Ortega de intentar silenciar toda voz crítica.

Cristopher Mendoza, miembro del gremio Periodistas y Comunicadores Independientes (PCIN), señala que a través del proceso que la justicia abrió en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro que promovía la libertad de prensa, Ortega intenta criminalizar la profesión para que silenciar su labor informativa.

“En lo que va dentro de mayo y junio, más de 20 periodistas han sido citados al Ministerio Público para ser testigos, pero hay otros colegas en lista de investigados. Pareciera que les incomoda el periodismo”, dijo Mendoza.

Primera periodista "investigada" caso Chamorro

La periodista nicaragüense María Lilly Delgado jamás imaginó que la cobertura que realizaba sobre el caso de supuesto lavado de dinero y activos que la justicia abrió contra la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, la implicaría días después.

En las afueras del Ministerio de Gobernación, Delgado dio cobertura al inicio del proceso contra Chamorro para la cadena Univisión, para donde trabajaba desde hace más de un año como periodista freelance.

Pero el 24 de mayo recibió una cita “de urgencia” del Ministerio Público, que ha venido citando y procesando a opositores mientras busca argumentos para justificar el caso en contra de Cristiana Chamorro. Delgado pasó de testigo del caso a ser “investigada” en virtud del mismo proceso.

"Dentro del plan para silenciar a la prensa independiente en Nicaragua, fui citada ", dijo Delgado en un mensaje de Twitter. "Pretenden implicarme en el mismo proceso arbitrario por supuesto "lavado de dinero" que siguen contra Cristiana Chamorro", expuso la periodista nicaragüense.

Luego fueron citados varios directores de medios de comunicación y periodistas. Hasta este lunes 21 de junio la cifra ascendía de citaciones abarcaban a más de 20 reporteros.

En el caso de Delgado, las autoridades impusieron restricción migratoria argumentando que es para evitar que evada “el proceso investigativo llevado en su contra”.

La Fiscalía, que dirige la expolicía Ana Julia Guido, sancionada por Estados Unidos, inició una investigación a solicitud del Ministerio de Gobernación, por el presunto delito de lavado de dinero, bienes y activos en contra de la Fundación Chamorro, que era dirigida por Cristiana Chamorro.

Los periodistas y directores de medios que han sido citados han recibido capacitaciones y han aplicado a proyectos concretos de la Fundación Chamorro, cuyo objetivo principal era precisamente apoyar a medios de comunicación en Nicaragua.

Periodistas amenazados 

Al menos cuatro reporteros que han salido de las entrevistas con los fiscales han denunciado amenazas en su contra, entre ellas la eventual aplicación de la Ley de Ciberdelitos, aprobada recientemente en Nicaragua y que estipula condena en prisión para el que el gobierno considere que “emite noticias falsas o que causan zozobra”.

Eduardo Enríquez, editor del diario La Prensa, el más importante del país, fue uno de los citados y explicó que no ha tenido una relación directa con la Fundación Chamorro.

“Lo que estamos viendo es una movida contra los medios independientes, eso es evidente, han sido citados un montón de periodistas que lo único que hacen es periodismo, periodismo muy profesional, y están teniendo que venir aquí a responder por cosas que absolutamente no tienen nada que ver”, dijo Enríquez.

El editor de La Prensa asegura que aunque en la declaración no quedó plasmada, le hicieron mención de la Ley de Ciberdelitos y sobre las “noticias falsas”.

“Es que yo a veces leo el periódico y leo noticias que más bien me desinforman”, fueron las palabras del fiscal.

“Llama la atención que ellos estén haciendo referencia a algo que no tiene nada que ver con lo que ellos están investigando”, sostuvo Enríquez.

Lo mismo ocurrió con el corresponsal del periódico El País, Wilfredo Miranda, quien también acudió a la Fiscalía tras ser citado.

“Al hacer un receso (en medio de los interrogatorios, la fiscal) regresó con su celular a leer todos mis artículos y comenzó a incriminarme a decir que yo mentía, que yo estaba faltando a la Ley de Ciberdelitos”, resaltó el periodista Wilfredo Miranda después de comparecer ante la Fiscalía por el caso contra la Fundación Chamorro.

La Ley de Ciberdelitos fue aprobada por el congreso de Nicaragua, el 27 de octubre de 2020 y fue catalogada por los periodistas como “la ley mordaza” por criminalizar el periodismo.

"Se les acabó el negocio a los mentirosos, a los que son parte de la industria de las mentiras en la redes sociales, a los que crean y difundan falsas noticias creando alarma, temor y zozobra, afectando la estabilidad económica, el orden público", advirtió en el debate previo a la aprobación de la Ley el diputado oficialista Carlos Emilio López.

"Gracias por su interés"

Al parecer el gobierno de Ortega no quiere que periodistas puedan ingresar al país para hacer su trabajo. Al menos ese fue el caso del periodista de The New York Times,  Anatoly Kurmanaev, a quien el gobierno de Ortega le impidió la pasada semana el acceso a Nicaragua.

"Lo que es especialmente impactante sobre la represión en Nicaragua es la rapidez con que se está desarrollando. Todos los días arrestan a alguien con quien hablaste. Cada semana se apunta a un nuevo sector de la sociedad. Empiezas a escribirle a alguien y te das cuenta de que acaba de ser acusado. Nunca vi nada como esto", dijo el reportero en su cuenta de Twitter.

El propio diario estadounidense informó que Kurmanaev había cumplido con todos los requisitos legales y de salud exigidos por las autoridades de Nicaragua.

“Este es un ejemplo de los desafíos cada vez más frecuentes que los periodistas enfrentan en todo el mundo por el papel que cumplen para garantizar una sociedad libre e informada”, dijo Michael Slackman, editor de la sección Internacional del Times. “Los intentos de silenciar a los periodistas deberían ser preocupantes para todo el mundo”, indicó el diario.

Cuando preguntó sobre su caso a las autoridades de Nicaragua, la primera dama y vicepresidenta de Nicaragua, respondió vía correo electrónico: “Gracias por su interés”, dijo The New York Times.