"Peor que en 2018": Nicaragua se debate entre los argumentos de Ortega y sus opositores

El 7 de noviembre de este año miles nicaragüenses tienen previsto celebrar sus elecciones generales para elegir al presidente, vicepresidente y diputados del Parlamento.

A diferencia de los anteriores comicios -marcados por una abstención casi un 70% según los opositores, y en los que el presidente Daniel Ortega logró su tercera reelección consecutiva para acumular más de una década en el poder- en esta ocasión existe una alta expectativa de que la población acuda a las urnas, motivados por una crisis sociopolítica que comenzó en abril de 2018.

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La crisis dejó más de 300 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y más de 100.000 personas exiliadas.

Pero a tan solo cinco meses de la fecha de los comicios, el gobierno ha iniciado una jornada de detenciones que ha sido catalogada por la comunidad internacional como “una campaña de terror”. Dentro de los arrestados se encuentran cinco precandidatos presidenciales, líderes opositores, empresarios y miembros de la sociedad civil.

El exembajador de Nicaragua en el Vaticano y fundador de la Policía Nacional, Francisco Bautista Lara, justificó los arrestos en un entrevista con la Voz de América, argumentando que responden a investigaciones basadas en el marco jurídico de la legislación nacional.

Los arrestos y posteriores allanamientos en su mayoría se han ejecutado a altas horas de la noche por parte de la Policía, dirigida por el comisionado Francisco Díaz, quien es consuegro del presidente Ortega. Para Lara estas acciones tienen un asidero legal.

“La gravedad del hecho, el riesgo de fuga del presunto autor, la premura de la información, obtenida o lo que llamamos persecución inminente frente a un hecho criminal, faculta a la autoridad competente por mandato judicial o fiscal a actuar de manera inmediata”, dijo Lara al ser consultado sobre los horarios de allanamientos y detenciones.

Sin embargo el exfuncionario del Poder Judicial de Nicaragua Yader Morazán, quien actualmente se encuentra exiliado en Estados Unidos por su postura crítica al gobierno, considera que “se está utilizando el allanamiento para inmovilizar la organización e intimidar, y no para prevenir la comisión de delitos, o recolectar evidencias y vestigios de la comisión de dichas infracciones penales, violando así el derecho a la libertad, la inviolabilidad del domicilio, y derecho a la intimidad personal y familiar”.

¿En qué se diferencian los procesos respecto a los del 2018?

Morazán advierte que hay una escalada en la instrumentalización del sistema de justicia distinto al que se vio al inicio de la crisis de 2018, y lo ve como “peor”.

Menciona que entonces la justicia acusaba a los opositores de delitos como terrorismo o conspiración contra la patria, luego, en 2019, las aprehensiones eran achacadas a delitos comunes, según dice, “fabricados”. Pero -afirma-  “ahora estamos en una fase todavía peor, porque ya no inventan pruebas, ni le dan apariencia de legalidad a los procesos como en 2019”.

“Están capturando a los opositores para después investigarlos, no tiene sentido el tema de la ampliación de los 90 días bajo investigación”, destaca el jurista.

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Morazán también cuestiona que los procedimientos contra de los detenidos están marcados por severas irregularidades, como la falta de defensa a los acusados, el ocultamiento de los expedientes acusatorios y audiencias “clandestinas”.

“La Constitución dice que las audiencias tienen que ser en presencia de una defensa pero actualmente están ocultando a los acusados sin tener comunicación con nadie”, señala.

“Están haciendo audiencias clandestinas, sin derechos a un defensor real y a utilizar la defensoría pública, que según normativa, deberían atender solo a personas de escasos recursos y por otro lado están escondiendo expedientes que no se había visto en 2018 y 2019”, añade.

Respecto a las detenciones, el fundador de la Policía, Bautista Lara, comenta que lo que “hay es una acción, una práctica de Estados Unidos contra Nicaragua de manera sistemática”, y asegura que supuestamente lo hace por medio de personas de la sociedad civil u opositores.

“Hay algunos nicaragüenses, desafortunadamente y eso es muy lamentable, que se han prestado a ser interlocutores de un agente extranjero a través de fondos, del discurso y la práctica. Eso es inaceptable”, cuestiona Lara.

Derechos y deberes

Según el oficialista, en Nicaragua existe un marco legal que sanciona delitos como “traición a la patria” y advierte que independientemente de tener “una investidura religiosa, una investidura política o un poder económico, no estás exento de la ley”.

“A nivel internacional hay varios tipos penales que son los más perseguidos, los más graves en las legislaciones nacionales de los distintos países. Traición a la patria, terrorismo, narcotráfico, lavado de activos. Ese conjunto de delitos que tenés ahí, los Estados y los países, establecen legislaciones propias para proceder, defender y actuar en función de la acción penal que implican estos casos”.

“Para mí es un muy lamentable que ciudadanos nicaragüenses tengan que ser detenidos y procesados por las autoridad nacional competente, pero es lamentable porque no debería haber ciudadanos que se presten a un actor extranjero para confabularse y actuar en contra del interés nacional”, señala Lara.

Sin embargo disidentes sandinistas como Edgard Parrales, ex embajador de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos (OEA), opina que pedir al gobierno que respete el Estado de Derecho y la democracia “no es intervencionismo”.

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Parrales también rechaza las acusaciones de Ortega contra la comunidad internacional como la OEA y la ONU en los llamados que hace a Nicaragua de respetar los derechos humanos y cesar las detenciones “arbitrarias”.

“No es intervencionismo lo que hace la OEA. Están actuando en el marco que tiene derecho a intervenir y Nicaragua es miembro de la OEA. En el seno de la OEA le están diciendo a Nicaragua: tenés derechos, pero tenés tus deberes, cumplí tus deberes, están en la carta democrática. Los gobiernos deben de trabajar para propiciar la democracia, independencia de poderes y es lo que se pide”.

Parrales concluye que la “radicalización”, como llama las acciones de Ortega, es el resultado “del amor al poder” que tiene el mandatario.