Rosario Murillo ataca a España "atrevido" Ministerio de Relaciones Exteriores, tras llamado a consultas
El régimen de Daniel Ortega tildó de “rabiosas”, “ridículas”, “altisonantes”, la respuesta del gobierno de España que llamó a consultas a la Embajadora de España en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, luego que Ortega condenó la "inadmisible intromisión" de España en asuntos internos por supuestamente carecer de "autoridad moral".
En su acostumbrada intervención la sancionada vicepresidente Rosario Murillo leyó un comunicado en el que reafirma el posicionamiento anterior al justificar que solo “verdades” fueron dichas.
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“En vista de su reiterada intromisión en asuntos nuestros, de inauditas pretensiones coloniales a 200 años de Independencia, ratificamos y ampliamos lo dicho ayer, exigiendo igualmente a ese Reino, cumplir con todas sus obligaciones en términos de Derechos Humanos y Democracia” dijo Murillo
Según la sancionada vicepresidente, España luce “arrogante, jactanciosa y falsa” “a nombre de nuestro Pueblo de Honor y Glorias, exige a España que cumpla con sus propios Compromisos Internacionales, sobre todo alrededor de tantos crímenes, ni reconocidos, ni investigados, y todavía sin Justicia para las Víctimas”.
“El día llegará en que sus rabiosas, ridículas, altisonantes y falaces voces”, agrega la nota de prensa.
En su alocución Murillo dijo “Sin manipulaciones, sin disfraces de cara al sol (...) España abusivamente sigue dirigiéndose a nosotros como si de una colonia se tratara, caminamos firmes y seguros contentos agradecido sólo a Dios hacia nuestra independencia a ese abusivo e intromisor injerencista Ministerio de Relaciones Exteriores del reino de España, ni siervo ni esclavo”
Acusaciones
Nicaragua acusó a España de carecer de "autoridad moral", cuando es culpable de "tanta falacia, encubrimiento, mentiras, delitos, crímenes de odio y lesa humanidad, que no confiesan, pero que todo el mundo conoce, y condena".
Igualmente la Cancillería mencionó los "crímenes de lesa humanidad, nunca investigados o juzgados" de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), activos en los años ochenta en España. "Se califican como terrorismo de Estado", añade, y "muestran el carácter inmoral de las instituciones españolas".
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Frente a esto, España rechazó hoy “de manera tajante” el contenido de la nota de la Cancillería y exigió al Estado de Nicaragua que “cumpla con los compromisos internacionales adquiridos en materia de Derechos Humanos y sus propios preceptos constitucionales, garantizando los derechos de todos sus ciudadanos y la libre participación política”.